La Quiaca se prepara para la nueva Ley Penal Juvenil: el municipio y el MPA llevarán prevención a las escuelas

El Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad de La Quiaca iniciaron un trabajo conjunto con directivos y supervisores escolares para explicar los alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece responsabilidad penal desde los 14 años. El intendente Dante Velázquez asumió un rol central como articulador entre la Justicia y la comunidad educativa, con un objetivo claro: prevenir antes que sancionar y evitar que adolescentes terminen comprometidos penalmente por desconocimiento o conductas que pudieron abordarse a tiempo.

La Quiaca comenzó a trabajar de manera preventiva frente a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años. La norma fue sancionada en febrero de 2026 y reglamentada en septiembre, y su finalidad legal combina responsabilidad por los actos cometidos con educación, resocialización e integración social.

En ese marco, fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación mantuvieron una reunión con el intendente Dante Velázquez, supervisores y directivos de distintas instituciones educativas de La Quiaca. El fiscal Alberto Mendívil explicó que la intención es iniciar una serie de charlas en las escuelas para que estudiantes, docentes y familias comprendan qué cambia con la nueva normativa y cuáles pueden ser las consecuencias penales de determinadas conductas.

Mendívil remarcó que el cambio central es que, desde los 14 años, los adolescentes pueden ser alcanzados por el régimen penal cuando se les imputa un hecho tipificado como delito. La ley, sin embargo, no equipara automáticamente el tratamiento de los adolescentes con el de los adultos: prevé principios específicos, medidas alternativas y criterios especiales para las restricciones de libertad. La propia reglamentación nacional insiste en la necesidad de formación especializada y alternativas a la privación de libertad.

La ayudante fiscal Martínez puso el acento justamente en la prevención. Señaló que muchas situaciones dentro de las escuelas —como conflictos, violencia, hostigamiento o episodios complejos— requieren primero la activación de protocolos institucionales y la coordinación con otros organismos. “Es importante el trabajo preventivo para no llegar a la sanción de los jóvenes”, explicó. El MPA de Jujuy ya viene participando de mesas interinstitucionales con Educación y otros organismos para preparar la implementación del nuevo régimen y fortalecer protocolos escolares y familiares.

En este esquema, el papel del intendente resulta clave. Velázquez actuó como nexo entre el MPA y las instituciones educativas aprovechando la relación cotidiana del municipio con escuelas, docentes, estudiantes y familias. Esa articulación permite acelerar las charlas, ordenar una agenda preventiva y acercar información jurídica a los adolescentes antes de que aparezca un conflicto penal. La estrategia busca que el municipio no intervenga recién cuando ocurre un hecho grave, sino antes, desde la educación y la prevención.

Los representantes del MPA señalaron además que en La Quiaca ya se han registrado hechos protagonizados por menores que debieron ser abordados desde perspectivas de niñez y adolescencia. Con la nueva normativa, algunas de esas situaciones podrán tener consecuencias penales diferentes. También mencionaron delitos vinculados al narcomenudeo, aclarando que el régimen distingue entre conductas delictivas y situaciones de consumo.

La advertencia hacia las familias fue directa: la responsabilidad preventiva no puede recaer solamente sobre la escuela, la Fiscalía o el municipio. Los padres y tutores también deben acompañar, conocer dónde están sus hijos, advertir sobre situaciones de riesgo y conversar sobre las consecuencias que determinadas conductas pueden tener. El mensaje de los fiscales fue claro: llegar a una imputación penal debe ser la última instancia, no el punto de partida.

La iniciativa que comienza en La Quiaca apunta precisamente a eso. Explicar la ley antes de aplicarla, prevenir antes de sancionar y acompañar antes de que un adolescente comprometa su libertad. En una comunidad donde escuela, municipio, familias y Justicia pueden trabajar de manera coordinada, la prevención puede convertirse en la herramienta más efectiva del nuevo régimen.