Alerta en la frontera Argentina–Bolivia: La Quiaca marchará contra restricciones de ARCA y advierte por miles de familias

Comerciantes y trabajadores de La Quiaca se movilizarán el jueves 22 de octubre, desde las 10.30, contra las nuevas restricciones al tráfico vecinal fronterizo. Walter Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio local, advirtió que entre 3.500 y 4.000 familias dependen directa o indirectamente del movimiento comercial. La preocupación alcanza también a localidades salteñas y plantea consecuencias para el intercambio con Bolivia.

La frontera norte encendió una alarma económica y social. Las nuevas disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la salida de mercaderías provocaron el rechazo del sector comercial de La Quiaca, que anunció una marcha pacífica hacia Aduana y el puente internacional. El reclamo pone en discusión cómo compatibilizar la fiscalización nacional con una economía fronteriza donde el intercambio cotidiano sostiene comercios, servicios y numerosos trabajos familiares.

La Resolución General 5910/2026 establece un límite de 150 dólares diarios por poblador para las mercaderías que egresan mediante el régimen de tráfico vecinal fronterizo. Además, excluye de ese mecanismo los granos de trigo, soja y maíz en todas sus formas; los combustibles en bidones y otros recipientes; y las mercaderías en envases iguales o superiores a 10 kilos, o su equivalente en volumen. La precisión es importante: las restricciones corresponden a ese régimen particular y no constituyen una prohibición general de todas las exportaciones de esos productos.

En las declaraciones compartidas con este medio, Walter Cárdenas explicó que las limitaciones afectan presentaciones habituales de productos comercializados en la zona, como bolsas de harina de 25 y 50 kilos. Su principal advertencia, sin embargo, estuvo dirigida a la cadena de trabajadores que depende de esa circulación: carreteros, estibadores, taxifleteros, pasadores, vendedores ambulantes y empleados de comercios. “La actividad principal de la ciudad de La Quiaca es el comercio”, señaló, para dimensionar por qué una modificación aduanera puede repercutir mucho más allá de los mostradores.

“En forma directa o indirecta estamos hablando de 3.500 familias, 4.000 familias que dependen de este trabajo”, sostuvo el dirigente. La cifra corresponde a su estimación del universo vinculado a la actividad y no a un registro de empleos ya perdidos. Cárdenas también mencionó a quienes alquilan locales y depósitos y a los vendedores de comidas y bebidas que trabajan alrededor del movimiento fronterizo. “Es grave la situación para nosotros, gravísima”, expresó.

La preocupación tiene una dimensión binacional. Una reducción del intercambio puede modificar las compras y la actividad de quienes se abastecen del lado argentino y trabajan en Villazón, aunque todavía no se dispone de una medición que permita cuantificar ese efecto. El conflicto también encuentra repercusión en Aguas Blancas y Salvador Mazza —conocida como Pocitos—, vinculadas con Bermejo y Yacuiba, respectivamente. Referentes de esas localidades salteñas ya realizaron gestiones para solicitar la derogación de las restricciones.

El contexto de precios exige una aclaración: el último aumento general de los precios internos mayoristas informado por el INDEC fue del 3,2% en septiembre de 2026. En sus fundamentos, ARCA argumenta que busca evitar el fraccionamiento de operaciones y los desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados, y recuerda que el tráfico vecinal fronterizo excluye fines comerciales o industriales. Allí se encuentra el núcleo del conflicto: los comerciantes denuncian las consecuencias sociales de una restricción sobre prácticas de intercambio que forman parte de la economía cotidiana de estas ciudades.

Cárdenas informó que solicitaron una audiencia con el gobernador y que buscan gestionar reuniones con las autoridades nacionales de Aduana y ARCA. Según explicó, el objetivo es plantear el impacto ante quienes pueden revisar las disposiciones, dado que los agentes locales deben aplicarlas. También confirmó contactos con representantes de las localidades salteñas afectadas para abordar una problemática compartida por distintos puntos de la frontera norte.

La movilización fue anunciada para el jueves 22 de octubre, con concentración desde las 10.30 y posterior marcha hacia Aduana y el puente internacional, de acuerdo con las declaraciones del dirigente. El sector insiste en el carácter pacífico del reclamo. La demanda que La Quiaca llevará a la calle es concreta: que el ordenamiento fronterizo incluya respuestas para quienes dependen de ese movimiento. Para miles de familias, el debate aduanero se traduce en una pregunta inmediata: cómo sostener su trabajo y sus ingresos.