La motosierra llegó a la frontera: 70 familias de carritos de mano quedaron casi sin trabajo mientras denuncian que el comercio ilegal sigue por el río

La Resolución General 5910/2026 de ARCA golpeó de lleno uno de los eslabones más vulnerables de la economía popular de La Quiaca. Toribio Tintilay, referente de la asociación de carritos de mano, aseguró que más de 70 familias están realizando apenas dos viajes diarios y sobreviven con ingresos cercanos a 60 bolivianos por jornada. Mientras el paso formal pierde movimiento, el sector denuncia que mercadería continúa cruzando por pasos no habilitados.

La motosierra económica llegó a uno de los puntos más sensibles de la Argentina: la frontera de La Quiaca. Allí donde cada movimiento comercial sostiene una cadena de pequeños trabajos indispensables, la reciente resolución de ARCA comenzó a mostrar consecuencias sociales inmediatas. Decenas de trabajadores de carros de mano pasan ahora buena parte del día esperando una carga que no llega, en una escena que resume la fragilidad de una economía que depende del movimiento cotidiano del puente internacional.

Toribio Tintilay, referente de la asociación que nuclea a estos trabajadores, describió una realidad que ya puede observarse a simple vista. “Ahora estamos parados. Hoy prácticamente no se hizo nada”, señaló al explicar el impacto que tuvo sobre su actividad la resolución nacional vigente desde octubre. La organización reúne a más de 70 afiliados y detrás de cada uno de ellos hay una familia que depende directamente de esa tarea.

Según explicó Tintilay, muchos trabajadores apenas consiguen realizar dos viajes por jornada. Cada traslado puede pagarse aproximadamente 30 bolivianos, por lo que una jornada completa puede terminar dejando apenas 60 bolivianos de ingreso. “Eso no nos alcanza para nada”, resumió. La situación se vuelve todavía más grave si se considera que, según relató, gran parte de los afiliados sostiene hogares de cinco o más integrantes.

El problema no termina en los carritos de mano. La frontera funciona como un ecosistema económico en el que una actividad alimenta a la otra. Cuando baja el movimiento de mercadería también caen los ingresos de taxistas, fletes, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y familias que viven de ofrecer jugos, empanadas, sándwiches y otros productos. Tintilay describió una escena que grafica la crisis: mientras hablaba, una vendedora permanecía con sus recipientes de jugo prácticamente llenos porque ya no había suficientes trabajadores ni compradores circulando.

La economía popular funciona de esa manera. El ingreso de uno se transforma inmediatamente en la venta de otro. Cuando el carrito no trabaja, tampoco consume. Cuando el comerciante vende menos, compra menos mercadería. Cuando disminuyen las cargas, también cae el movimiento de taxis, fletes y pequeños prestadores. El efecto se expande rápidamente por todo el entramado social de La Quiaca.

En ese contexto aparece una contradicción que el propio sector denuncia con dureza. Tintilay sostiene que mientras las restricciones redujeron de manera abrupta el movimiento por el paso internacional habilitado, la mercadería continuaría atravesando el río mediante pasos no habilitados. Se trata de una denuncia que corresponde investigar y controlar, pero que expone una pregunta central sobre la eficacia de la medida.

“¿Por qué Aduana no controla esos pasos no habilitados?”, planteó el referente. Según su testimonio, productos alcanzados por las nuevas restricciones estarían siendo desviados hacia cruces informales. El cuestionamiento es directo: si una regulación termina paralizando al trabajador visible y registrado pero no logra impedir el circuito clandestino, el resultado puede ser exactamente el contrario al que se buscaba.

El trabajador legal pierde ingresos, el comercio formal pierde ventas y el circuito irregular encuentra nuevos incentivos. Allí aparece uno de los mayores riesgos de cualquier política que pretenda ordenar la frontera sin comprender su funcionamiento real. La Resolución General 5910/2026 introdujo nuevas condiciones dentro del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo, entre ellas el límite diario de 150 dólares por poblador y restricciones para determinadas mercaderías y presentaciones de diez kilogramos o más.

Puede discutirse la necesidad del Estado de controlar abusos, fraccionamientos o desvíos comerciales. Lo que no puede ignorarse es el impacto territorial que cualquier modificación de este tipo provoca sobre una ciudad cuya economía está íntimamente ligada al intercambio fronterizo. La Quiaca no es simplemente un puesto aduanero. Es una comunidad, y alrededor del puente internacional existe una economía construida durante décadas que articula comercio, transporte, gastronomía, servicios y trabajo de subsistencia.

Modificar uno de esos engranajes altera todo el sistema. Por eso la situación trasciende cualquier discusión partidaria. No se trata de defender irregularidades ni de negar que el Estado deba ejercer controles. Se trata de aplicar sentido común. El Estado debe combatir el contrabando y controlar los pasos ilegales, pero también debe evitar que una regulación termine castigando precisamente a quienes cruzan por el lugar habilitado y viven del circuito formal.

La pregunta que hoy deja planteada La Quiaca es incómoda pero inevitable: ¿de qué sirve endurecer el puente si la mercadería simplemente cambia de camino y cruza por el río?

La situación de los carritos de mano funciona como una señal de alerta para toda la frontera norte. Cuando una política nacional modifica de forma abrupta las reglas de circulación, sus consecuencias no quedan encerradas en una oficina aduanera. Se trasladan inmediatamente a las calles, los comercios, los taxis, las ferias y las mesas familiares.

Hoy, los carritos detenidos frente al puente internacional representan esa fotografía. La motosierra llegó a la frontera y alcanzó primero a quienes viven del ingreso diario. El desafío para el Gobierno nacional será demostrar que el control puede combatir la ilegalidad sin destruir, en el camino, la economía de quienes todavía intentan vivir del trabajo legal.