Sin salvavidas para las deudas: el Congreso frenó la refinanciación y millones de familias quedan solas frente a bancos y billeteras

Cuando buena parte de los hogares argentinos ya utiliza tarjetas, préstamos personales y créditos de billeteras para pagar alimentos, servicios o llegar a fin de mes, Diputados frenó el proyecto que proponía una refinanciación extraordinaria para quienes cayeron en mora. La iniciativa contemplaba cuotas vinculadas a los ingresos, quita de intereses punitorios y suspensión de determinadas acciones de cobro. Al no avanzar, las familias seguirán dependiendo de negociaciones individuales con bancos, financieras y fintech como Mercado Pago, sin un régimen legal general que las obligue a ofrecer ese alivio.

La Argentina incorporó una nueva paradoja a su crisis doméstica: cada vez más familias necesitan endeudarse para afrontar gastos corrientes, pero la herramienta legislativa que pretendía ordenar ese endeudamiento y ofrecer una salida extraordinaria a quienes ya no pueden pagar quedó bloqueada en Diputados. El oficialismo consiguió devolver a comisión la discusión sobre morosidad y la sesión terminó levantándose. Las abstenciones de cinco diputados cordobeses vinculados al espacio del gobernador Martín Llaryora resultaron determinantes para alcanzar los votos que necesitaba La Libertad Avanza. El efecto concreto es que el régimen opositor de alivio no se convirtió en ley y las deudas actuales continúan sometidas a las condiciones existentes y a los eventuales acuerdos que cada acreedor acepte ofrecer.

La dimensión del problema vuelve imposible considerar esta discusión como un asunto técnico entre bancos y legisladores. Datos publicados a partir del informe bancario del Banco Central ubicaron en agosto la irregularidad del crédito a las familias en 12,81%, mientras la mora en préstamos personales alcanzó el 17% y la de tarjetas de crédito el 12,2%. El problema tampoco consiste solamente en que algunas personas tomaron demasiado crédito: un relevamiento citado en el debate encontró que entre quienes se habían endeudado recientemente, una mayoría utilizó esos recursos para afrontar alimentos, salud, tarifas y servicios. Es decir, en numerosos hogares la deuda dejó de financiar consumo extraordinario y pasó a funcionar como extensión del salario.

Allí estaba la importancia del proyecto que quedó frenado. La propuesta de minoría declaraba una emergencia por 180 días y contemplaba un régimen de regularización voluntario para el deudor pero obligatorio para los acreedores comprendidos. Establecía que las cuotas de refinanciación no pudieran superar el 30% del ingreso, proponía la condonación total de intereses punitorios para quienes ingresaran al régimen, un plazo mínimo de doce meses, 90 días de gracia y restricciones a ejecuciones, embargos y determinadas prácticas de cobranza mientras se tramitara la regularización. También alcanzaba a obligaciones vinculadas con entidades financieras y proveedores no bancarios de crédito. Nada de eso entrará automáticamente en vigencia mientras el proyecto permanezca trabado.

El dictamen impulsado por el oficialismo sigue otra filosofía. Pone el acento en transparencia, educación financiera, información sobre tasas, prevención del fraude y portabilidad del crédito, pero no establece una refinanciación general obligatoria para las deudas que ya existen ni fija el mismo sistema de alivio propuesto por la oposición. Ese contraste resulta central. Informar mejor al consumidor puede contribuir a evitar problemas futuros, pero no resuelve por sí mismo el drama de una familia que ya acumuló saldos impagos en tarjetas, préstamos personales o créditos de una billetera virtual y hoy carece de ingresos suficientes para normalizarlos.

La consecuencia social puede ser profunda. Quien no logra cubrir el total de la tarjeta refinancia a tasas elevadas; quien agota esa vía recurre a un préstamo; quien tampoco alcanza puede terminar utilizando una billetera o un proveedor no bancario para cancelar otra obligación. Así se forma una rueda en la que una deuda paga a la anterior mientras el capital familiar disponible para alimentos, alquileres, medicamentos y servicios se reduce. El Congreso tenía delante un debate destinado precisamente a romper esa cadena. Al devolverlo a comisión, no desaparece la deuda: desaparece, por ahora, la posibilidad de que exista una regla nacional extraordinaria que fuerce condiciones de reestructuración más previsibles.

Por eso sería incorrecto sostener que a partir de esta votación “ya nadie llegará a fin de mes”. Pero sí puede afirmarse algo más serio: millones de hogares que ya llegan con dificultades al final del mes perdieron, al menos por ahora, la posibilidad de contar con un régimen legal general de alivio que equilibrara su negociación frente a bancos y grandes plataformas financieras. El problema no quedó resuelto; regresó a cada casa. Y allí el poder de negociación es profundamente desigual: de un lado está una familia con ingresos comprometidos y del otro una entidad financiera o tecnológica con capacidad para definir tasas, plazos y condiciones dentro de la regulación vigente.

El dato político tampoco puede esconderse. El oficialismo consiguió frenar una herramienta que intervenía directamente sobre contratos y deudas existentes, una medida cuestionada por representantes del sistema financiero por sus posibles efectos sobre el crédito futuro. Sus defensores, en cambio, argumentaban que la magnitud del sobreendeudamiento exigía una respuesta excepcional. Son dos concepciones diferentes: una prioriza evitar intervenciones que alteren el funcionamiento del mercado crediticio; la otra entiende que cuando millones de personas utilizan deuda para cubrir necesidades básicas, el problema deja de ser exclusivamente privado y adquiere dimensión social.

La política útil debería empezar por reconocer esa realidad. No se trata de premiar al que no paga ni de borrar deudas por decreto. Se trata de impedir que el crédito pensado para asistir a una familia termine convirtiéndose en una estructura de intereses de la que resulte imposible salir. Una refinanciación compatible con los ingresos, reglas contra intereses abusivos y mecanismos transparentes de cobranza no eliminan la responsabilidad del deudor: pueden hacer posible que vuelva a pagar.

Mientras eso no ocurra, Argentina seguirá enfrentando una escena cada vez más habitual: trabajadores con empleo e ingresos que, aun así, necesitan endeudarse para vivir y vuelven a endeudarse para pagar la deuda anterior. El proyecto que intentaba intervenir sobre ese círculo quedó frenado. Y ésa es la discusión que el Congreso todavía le debe a millones de familias.