El concejal Gustavo Farfán advirtió que la Resolución 5910 de ARCA perjudica no sólo al comercio, sino a todo el ecosistema económico que sostiene la vida cotidiana de La Quiaca: fleteros, estibadores, trabajadores de carros de mano, pequeños prestadores y familias que dependen del movimiento fronterizo. Aunque pertenece a la oposición, valoró la actuación urgente del intendente Dante Velazquez ante la Justicia Federal y reclamó al Gobierno nacional que conozca la realidad de la frontera antes de imponer reglas que alteren su funcionamiento histórico.
La Resolución General 5910 de ARCA sigue generando repercusiones políticas y económicas en La Quiaca. Esta vez fue el concejal Gustavo Farfán quien cuestionó el impacto de la medida y puso el foco en una realidad que excede ampliamente al sector comercial. Para el edil, cada restricción sobre el movimiento fronterizo termina repercutiendo sobre una extensa cadena de servicios que funciona como verdadero sostén del tejido social de la ciudad. Fleteros, estibadores, trabajadores de carros de mano, transportistas, pequeños comerciantes y prestadores dependen, directa o indirectamente, de una frontera activa. “Queremos que la frontera funcione como siempre lo hizo”, sintetizó al señalar que cualquier modificación debe contemplar primero cómo vive y trabaja una comunidad limítrofe.
Farfán sostuvo que el Gobierno nacional está observando la frontera desde una lógica que no alcanza a comprender sus particularidades sociales y económicas. Por eso reclamó que el presidente de la Nación y las autoridades competentes reconsideren las decisiones adoptadas, se interioricen sobre el funcionamiento real de ciudades como La Quiaca y abran una instancia de diálogo. El concejal remarcó que durante años se intentó avanzar hacia una mayor formalización y ordenamiento del comercio fronterizo, por lo que considera posible construir mecanismos de control sin paralizar una actividad que genera empleo y sostiene ingresos para cientos de familias.
El planteo adquiere una dimensión política particular porque Farfán es un concejal opositor al Ejecutivo municipal y, aun así, reconoció la oportunidad de la reacción encabezada por el intendente Dante Velazquez. Según expresó, el jefe comunal actuó correctamente al recurrir de manera urgente a la Justicia Federal para intentar preservar las fuentes laborales y el “pan de cada día” de quienes viven del movimiento fronterizo. Ese reconocimiento muestra que la gravedad de la situación comienza a atravesar las diferencias partidarias: frente a una medida que afecta al conjunto de la economía local, la defensa del trabajo aparece como un punto de coincidencia institucional.
La intervención de Farfán vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que La Quiaca viene planteando con creciente insistencia: una frontera no puede ser regulada únicamente desde parámetros administrativos generales. La ciudad posee formas históricas de intercambio, relaciones comerciales construidas durante décadas y una complementariedad cotidiana con Villazón que forman parte de su estructura económica. Cuando ese movimiento se restringe, el impacto no queda encerrado en los comercios de mayor escala; alcanza inmediatamente a quienes cargan, trasladan, venden alimentos, alquilan depósitos o dependen de pequeños servicios vinculados al tránsito fronterizo.
El mensaje que surge de esta coincidencia entre oficialismo municipal y oposición es contundente: La Quiaca necesita ser escuchada como comunidad antes que como simple punto aduanero. Farfán reclamó que Nación acompañe y dialogue, mientras reconoció que Velazquez utilizó las herramientas institucionales disponibles para defender a la ciudad. En un contexto donde la incertidumbre económica puede trasladarse rápidamente a las familias, esa convergencia política ofrece una señal relevante: la defensa de la frontera, del comercio legal y del trabajo cotidiano puede y debe estar por encima de las diferencias partidarias.
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