Dante Velazquez reclamó una distribución que contemple distancias, pobreza, desempleo y dispersión territorial. Advirtió sobre la discrecionalidad de los fondos y sostuvo que la responsabilidad fiscal debe alcanzar tanto a los municipios como a la Provincia.
Una ley de coparticipación municipal define mucho más que porcentajes: establece con qué recursos puede contar una ciudad para pagar salarios, mantener servicios y planificar obras. Ese fue el eje del planteo de Dante Velazquez, quien reclamó reglas claras para terminar con la incertidumbre de los giros. Según explicó, La Quiaca participó de la convocatoria provincial del 31 de marzo de 2025 y presentó observaciones el 14 de abril de ese año. Su posición es que la distribución debe reconocer las condiciones concretas en las que cada municipio presta servicios.
El intendente cuestionó que el factor poblacional tenga un peso que, a su entender, deje en desventaja a localidades con menos habitantes, grandes extensiones y población dispersa. Señaló que, frente a una ponderación del 90% para ese componente en el esquema discutido, La Quiaca propuso reducirla al 75% como alternativa de consenso. Son porcentajes de la discusión que describió, no una distribución ya aprobada. La pregunta de fondo es cuánto cuesta garantizar derechos y servicios lejos de los centros de decisión, incluso donde la cantidad de habitantes es menor.

Velazquez pidió incorporar indicadores de consumo, desempleo, crecimiento poblacional, pobreza y vulnerabilidad. También sostuvo que la responsabilidad fiscal debe ser compartida: “No solamente puede ser atendible por parte de los municipios”. El planteo exige que las obligaciones de administrar con previsibilidad tengan una contraparte provincial: criterios conocidos, información suficiente y transferencias que permitan elaborar presupuestos. Sin esa relación, la planificación municipal queda expuesta a decisiones que se toman fuera de su territorio.
El tramo más contundente apareció cuando describió los riesgos de la discrecionalidad. “Si somos de un político diferente, a lo mejor no nos toca. Esto no puede suceder, no debe suceder”, manifestó. A la vez, reconoció que una ley también obliga a los gobiernos locales a hacerse cargo de sus decisiones, incluidas las salariales y presupuestarias. Su defensa de la autonomía contiene esa doble exigencia: recursos distribuidos con reglas y responsabilidad municipal por su utilización.
Para mostrar la tensión entre tareas y financiamiento, mencionó el mantenimiento y el alumbrado de tramos que identificó como rutas provinciales, además de las demandas sociales y de emergencia que atiende el municipio. También reclamó que los recursos vinculados con la actividad minera lleguen a los territorios conforme al marco que corresponda. La discusión que propone La Quiaca es quién financia las responsabilidades que ya se cumplen todos los días. Una ley útil deberá convertir esa discusión en una distribución transparente, verificable y sostenible.
