La Quiaca coordina una ofensiva binacional contra la caza furtiva de vicuñas en la Puna

La Fiscalía de La Quiaca fue escenario de una reunión institucional de fuerte impacto regional para enfrentar la caza furtiva de vicuñas. El fiscal especializado en Delitos de Medio Ambiente del MPA, Javier Sánchez Cerante, confirmó la identificación de puntos críticos, el diseño de un mapa de riesgo y la coordinación con fuerzas de Argentina y Bolivia. El objetivo es combinar prevención, tecnología, inteligencia criminal y sanciones severas para proteger una especie emblemática de la Puna.

La problemática de la caza furtiva de vicuñas dejó de ser una preocupación aislada para transformarse en un desafío regional que exige coordinación entre instituciones, fuerzas de seguridad y países. En la Fiscalía de La Quiaca, el fiscal especializado en Delitos de Medio Ambiente del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Javier Sánchez Cerante, encabezó un encuentro junto a representantes de la Policía de Jujuy, Gendarmería Nacional, Bomberos, funcionarios del MPA local y autoridades policiales de Bolivia, entre ellas el coronel Cardozo Franco. El propósito fue comenzar a diseñar una estrategia común de prevención y persecución frente a un delito que, según advirtieron los participantes, viene mostrando señales preocupantes de crecimiento.

Sánchez Cerante explicó que uno de los datos que encendió las alarmas fue la fuerte disminución observada en determinadas poblaciones de vicuñas. Según relató, referentes vinculados a los chaccus señalaron que en sectores donde anteriormente podían registrarse alrededor de 200 ejemplares, actualmente se habrían contabilizado aproximadamente 40. Esa información está siendo tomada como una señal de alerta que deberá ser complementada con censos y monitoreos técnicos. La preocupación no es menor: la vicuña se encuentra protegida por la legislación nacional y la normativa federal prohíbe su caza, comercialización y tránsito de ejemplares o productos fuera de las excepciones autorizadas vinculadas al manejo sustentable.

La Fiscalía Ambiental ya comenzó a recorrer y georreferenciar distintos sectores considerados sensibles, entre ellos áreas mencionadas en la conferencia como Vilama, Suripujio y otros parajes de la Puna. El objetivo es construir un verdadero mapa de “puntos calientes” que permita determinar accesos, caminos, lugares de ocultamiento y recursos necesarios para desplegar operativos más eficaces. Sánchez Cerante adelantó que se analiza fortalecer la comunicación mediante sistemas satelitales móviles, avanzar en el uso de drones e imágenes satelitales y dotar a los equipos de mejores medios para reaccionar con rapidez. También planteó la posibilidad de impulsar una policía rural que acompañe a guardaparques y comunidades en zonas extensas donde muchas veces el Estado cuenta con escasa presencia permanente.

La estrategia no se limitará al patrullaje. El fiscal explicó que también se avanzará sobre el origen de las armas y municiones empleadas en la caza furtiva, articulando información con organismos nacionales de control para reconstruir circuitos de adquisición y detectar posibles responsables. Advirtió además que la Fiscalía solicitará prisiones preventivas cuando corresponda y promoverá el secuestro y decomiso de armas, municiones, cueros y vehículos utilizados para cometer estos delitos. El endurecimiento de la respuesta judicial busca acompañar una política que, sin embargo, prioriza la prevención: impedir que el animal sea cazado antes que llegar cuando el daño ya está consumado.

Uno de los aspectos más graves surgidos durante la conferencia fue la descripción de métodos extremadamente crueles atribuidos por integrantes de comunidades a algunos cazadores furtivos. Sánchez Cerante señaló que recibieron testimonios sobre vicuñas despellejadas aún con vida y ejemplares hembras preñadas abatidas, hechos que muestran la dimensión ambiental y ética del problema. También se investiga el posible uso de motocicletas para ingresar rápidamente en zonas de difícil acceso y trasladar los cueros. La vicuña posee además un enorme valor cultural y económico para las comunidades andinas: los sistemas de chaccu permiten una esquila sustentable sin matar al animal y forman parte de experiencias de manejo comunitario desarrolladas en la Puna jujeña.

La dimensión transfronteriza quedó expresada con la participación del coronel Cardozo Franco, de la Policía de Bolivia, quien destacó que Argentina y Bolivia comparten la misma problemática y anticipó la coordinación de operativos simultáneos en ambos territorios. La Fiscalía Ambiental también prevé ampliar el trabajo con Salta y Catamarca mediante redes de fiscalías ambientales. La lógica es clara: la fauna no reconoce fronteras administrativas y quienes practican la caza ilegal tampoco necesariamente las respetan. Por eso, una estrategia efectiva requiere inteligencia compartida, prevención coordinada y capacidad de actuación a ambos lados de la frontera.

La reunión realizada en La Quiaca marca un cambio de escala en el abordaje del problema. Ya no se trata solamente de reaccionar ante la aparición de cueros o animales muertos, sino de construir una política preventiva que combine tecnología, fiscalización, conocimiento territorial y cooperación internacional. Para la Puna, proteger a la vicuña significa mucho más que conservar una especie: supone defender patrimonio natural, identidad andina, posibilidades de manejo sustentable y una relación cultural que las comunidades mantienen desde generaciones.