EL MPA Y LA MUNICIPALIDAD DE LA QUIACA ORIENTARON A MÁS DE 150 ESTUDIANTES SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL

En el Complejo Cultural Manka Fiesta se desarrolló una importante jornada informativa impulsada por el Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca, en articulación con la Municipalidad, con el objetivo de acompañar y orientar a adolescentes, docentes y familias frente al profundo cambio que introduce el nuevo Régimen Penal Juvenil. Más de 150 alumnos de distintos establecimientos educativos participaron de la actividad y pudieron plantear dudas, inquietudes y situaciones concretas.

La propuesta surgió como parte de un trabajo conjunto entre el MPA y la Municipalidad de La Quiaca, entendiendo que la modificación del régimen penal aplicable a adolescentes requiere no sólo conocimiento jurídico, sino también información temprana, prevención y acompañamiento comunitario. El encuentro buscó explicar de manera clara qué cambia a partir de la nueva legislación y qué responsabilidades comienzan a tener los adolescentes desde los 14 años.

La jornada tuvo lugar en el Complejo Cultural Manka Fiesta, donde participaron más de 150 estudiantes junto a docentes de diferentes instituciones del nivel medio. Disertaron el fiscal Alberto Mendivil, la ayudante fiscal Rosa Martínez y el Dr. Carlos Cavanna, quienes propusieron una dinámica abierta y participativa, alejada de una exposición meramente técnica.

El nuevo Régimen Penal Juvenil establece un sistema específico para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, cuando fueran imputados por hechos considerados delitos. La ley fija como finalidad que el adolescente comprenda la responsabilidad legal de sus actos y, al mismo tiempo, promueve su educación, resocialización e integración social.

Durante el encuentro, Mendivil explicó que una de las funciones del MPA es mantener un vínculo directo con la comunidad y que, frente a una transformación de esta magnitud, resulta indispensable conversar con los jóvenes antes de que tengan contacto con el sistema penal. “No se puede trabajar sobre una temática como los delitos sin conocer la comunidad”, sostuvo, destacando que el propósito fue ayudar a los estudiantes a internalizar qué significan sus derechos, su libertad y también sus responsabilidades.

Uno de los ejes centrales de la charla fue precisamente el cambio de paradigma. Los adolescentes continúan siendo titulares de derechos y garantías especiales, pero la nueva normativa también los reconoce como sujetos capaces de responder jurídicamente por determinadas conductas. Rosa Martínez explicó que la intención no era transmitir únicamente la idea de una “baja de imputabilidad”, sino mostrar que la ley combina derechos, obligaciones y responsabilidad.

Los funcionarios detallaron además que la respuesta penal no se limita a la privación de la libertad. La legislación contempla distintas alternativas, entre ellas la amonestación, prohibición de contacto o acercamiento a una víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, prestación de servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y otras medidas específicas.

En particular, se explicó que los servicios comunitarios pueden desarrollarse en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, escuelas, hospitales, fundaciones u otras entidades de interés social, siempre respetando la edad del adolescente y sin afectar su escolaridad. También se abordó la posibilidad de que un juez disponga la prohibición de acercarse o mantener contacto con una víctima o con determinadas personas.

Otro de los puntos abordados fue la existencia de salidas alternativas, como la mediación penal juvenil y otros mecanismos restaurativos, destinados a determinados casos en los que se busca que el adolescente asuma responsabilidad, comprenda el daño ocasionado y pueda atravesar un proceso de reparación sin que la cárcel sea necesariamente la primera respuesta. La ley contempla la mediación en ciertos supuestos y exige la participación y consentimiento de la víctima.

La charla también dejó en claro que existen sanciones severas para delitos graves. La nueva normativa contempla penas privativas de la libertad y establece un máximo de 15 años para adolescentes comprendidos en el régimen. Sin embargo, incluso en esos casos, el sistema mantiene como objetivo la educación, la reinserción social y la posibilidad de que el joven reconstruya su proyecto de vida.

La participación de los alumnos fue uno de los aspectos más destacados del encuentro. Hubo consultas, preguntas sobre situaciones hipotéticas y un intercambio permanente con los funcionarios. Desde el MPA remarcaron que la intención es continuar con estas jornadas y llegar progresivamente a todos los adolescentes de entre 14 y 18 años de los establecimientos educativos de La Quiaca.

El trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad adquiere así una importancia especial. Frente a una legislación que modifica profundamente la relación entre adolescencia y responsabilidad penal, informar a los jóvenes y acompañar a las familias resulta tan importante como conocer la propia ley. La prevención comienza mucho antes de un expediente judicial: comienza con información, diálogo, educación y conciencia sobre las consecuencias de cada decisión.

La jornada realizada en el Complejo Manka Fiesta dejó justamente ese mensaje: los adolescentes deben conocer sus derechos, pero también comprender que el ejercicio de la libertad implica responsabilidad. Y frente a ese nuevo escenario, comunidad, escuela, familia, municipio y sistema judicial tienen por delante una tarea común.