“Esto directamente nos mata”: La Quiaca advierte que las restricciones de ARCA amenazan el sustento de la frontera

La Cámara de Comercio anunció una marcha pacífica para este jueves 22 de octubre, a las 10.30. Walter Cadena y Gisela Coria alertaron sobre las consecuencias para comerciantes, paseros, carreteros, estibadores y vendedores ambulantes. El reclamo exige respuestas nacionales y acompañamiento provincial y municipal: detrás de cada operación que se interrumpe hay ingresos familiares en riesgo.

“Esto directamente nos mata”. La expresión de Walter Cadena resume la alarma del sector comercial de La Quiaca ante las restricciones dispuestas por ARCA. Es una advertencia sobre el futuro inmediato de una ciudad donde el intercambio fronterizo sostiene buena parte del trabajo cotidiano. Cuando disminuye la circulación de mercadería, el impacto puede extenderse desde el mostrador hasta el carrito de mano, el flete, el puesto de comida y el hogar que depende de esa jornada para comprar sus alimentos.

La Resolución General 5910/2026 limita a 150 dólares diarios por poblador las mercaderías que egresan mediante el tráfico vecinal fronterizo. También excluye de ese régimen los granos de trigo, soja y maíz y las mercaderías en envases iguales o superiores a 10 kilos, o su equivalente en volumen. La precisión importa: alcanza también a los envases de exactamente 10 kilos y no constituye una prohibición general de exportar por otras vías habilitadas. ARCA fundamenta la medida en evitar operaciones fraccionadas y desvíos comerciales dentro de un mecanismo reservado al consumo vecinal.

Pero explicar el fundamento administrativo no resuelve la consecuencia social. ¿Qué alternativa practicable tienen quienes dependen de esas modalidades de trabajo? El control necesita distinguir responsabilidades y combatir las maniobras irregulares; también necesita conocer el territorio donde se aplica. Una economía construida durante décadas alrededor de la frontera no puede reorganizarse de un día para otro por la sola publicación de una resolución. Sin una transición y canales legales accesibles, el costo puede terminar concentrándose en los trabajadores con menos capacidad para absorberlo.

Cadena advirtió en la entrevista que alrededor de 3.500 personas dependen directa o indirectamente del comercio, una estimación del dirigente que permite dimensionar la preocupación, aunque no equivale a empleos ya perdidos. Mencionó especialmente a paseros, carreteros, estibadores, taxifleteros y vendedores ambulantes. Muchos obtienen sus ingresos día a día: una jornada sin movimiento puede significar menos dinero disponible para comida, transporte y obligaciones familiares. El riesgo para el tejido social comienza cuando una restricción económica deja a los hogares sin margen para sostenerse.

Gisela Coria confirmó que la primera respuesta será una marcha pacífica este jueves, desde las 10.30, por las calles céntricas de La Quiaca, con participación de distintos sectores vinculados a la actividad. El propósito, explicó, es visibilizar a las familias afectadas y conseguir que sus reclamos sean escuchados. Cadena agregó que, según la confirmación recibida por la Cámara, una delegación será recibida por el gobernador Carlos Sadir. Esa instancia deberá traducir la preocupación en gestiones concretas ante las autoridades nacionales.

El pedido de acompañamiento alcanza también al municipio. La eventual caída de la actividad puede repercutir sobre la recaudación, los alquileres y otros servicios locales, tal como señalaron los entrevistados. Por eso, la respuesta pública debería incluir una evaluación urgente del impacto, una mesa con ARCA y Aduana y alternativas de formalización compatibles con la escala de los pequeños operadores. Conservar el trabajo requiere soluciones que puedan utilizarse en la práctica, además de explicaciones sobre lo que ya no está permitido.

La Quiaca plantea una discusión que el país debe escuchar: cómo ejercer el control fronterizo sin profundizar la vulnerabilidad de sus comunidades. La gravedad del reclamo exige evitar tanto la indiferencia como los anuncios sin respuesta. La marcha pacífica buscará poner rostros y voces a esa demanda. Si la fiscalización pretende ordenar la economía, debe existir también una política capaz de preservar oportunidades para quienes viven de ella. La frontera es territorio habitado, trabajado y sostenido por familias argentinas.