El intendente de La Quiaca planteó ante el ministro Federico Cardozo la situación financiera del municipio y la necesidad de avanzar con una Ley de Coparticipación Municipal. El reclamo trasciende a la ciudad fronteriza: pone en discusión los recursos, la autonomía y la capacidad de planificación de todos los gobiernos locales.
El intendente de La Quiaca, Dante Velazquez, se reunió con el ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo, para abordar la situación económica del municipio y el estado de los compromisos pendientes. Según la información difundida sobre el encuentro, el jefe comunal también insistió en avanzar con el proyecto de Ley de Coparticipación Municipal. Su planteo vincula una necesidad inmediata —ordenar las finanzas locales— con una reparación institucional que el interior provincial espera desde hace décadas.
La dimensión histórica del problema está reconocida por el propio Gobierno provincial. Al anunciar una nueva ley, Carlos Sadir recordó que el régimen establecido en 1977 permanece suspendido desde 1989 y que posteriormente se sucedieron mecanismos transitorios. Por eso, hablar de una deuda cercana a cuatro décadas tiene un fundamento concreto. No significa que los municipios hayan dejado de recibir transferencias, sino que continúa pendiente la consolidación de un régimen estable que supere esa prolongada transitoriedad.
La cuestión afecta directamente la autonomía municipal. Un gobierno local necesita conocer con previsibilidad sus ingresos para organizar servicios, mantener infraestructura, atender obligaciones y proyectar inversiones. La Constitución de Jujuy reconoce la participación de los municipios en los tributos provinciales y en los recursos provenientes de la coparticipación federal, y dispone su entrega mensual. El debate consiste en establecer cómo se distribuyen esos fondos y con qué garantías de cumplimiento, para que la capacidad de gestión tenga un respaldo financiero definido.
Velazquez ya había llevado esa preocupación al debate legislativo. En octubre señaló que existen desequilibrios en la coparticipación secundaria, es decir, en la distribución de recursos entre los gobiernos locales, y reclamó avanzar con la aprobación de la ley. Su intervención ante Hacienda da continuidad a esa posición: La Quiaca necesita resolver su situación financiera y, al mismo tiempo, participar de una discusión provincial sobre las reglas que determinarán sus recursos futuros.
Para los intendentes y comisionados, este es un asunto especialmente sensible porque detrás de cada transferencia hay responsabilidades cotidianas frente a los vecinos. Una nueva ley deberá discutir criterios objetivos, transparentes y verificables, capaces de contemplar las diferencias territoriales y las necesidades de cada comunidad. También deberá acompañarse de rendición de cuentas y responsabilidad fiscal. La autonomía requiere recursos suficientes y reglas de administración que permitan conocer cómo se utilizan.
El planteo del intendente quiaqueño pone nuevamente sobre la mesa una obligación que los sucesivos gobiernos provinciales no han terminado de resolver. La reunión con Cardozo constituye una instancia de diálogo; la respuesta de fondo deberá surgir del trabajo entre el Ejecutivo provincial, la Legislatura y los gobiernos locales. Reparar esta deuda histórica exige pasar de los anuncios a un régimen con criterios públicos, transferencias previsibles y controles claros. Para La Quiaca y el conjunto del interior jujeño, se trata de contar con condiciones para gobernar y planificar más allá de la urgencia.
