Trinidad y Escalante atribuyeron la suspensión de la sesión a un clima de hostilidad generado por Marcela López

Los concejales Trinidad y Escalante explicaron que la última labor parlamentaria del Concejo Deliberante de La Quiaca debió ser suspendida por un nuevo episodio de tensión que, según afirmaron, tuvo como protagonista a la concejal Marcela López. Ambos coincidieron en que las diferencias políticas pueden y deben expresarse, pero advirtieron que los agravios, los tonos elevados y las actitudes confrontativas terminan afectando el funcionamiento institucional y postergando temas que interesan directamente a la comunidad.

La concejal Trinidad, vicepresidenta del cuerpo, sostuvo que el episodio no fue aislado y afirmó que ya se habían producido situaciones similares tanto en sesiones ordinarias como en reuniones de comisión. Según su relato, la conducta de López dificulta el diálogo y genera un clima que impide desarrollar con normalidad la actividad legislativa. “No se puede desarrollar las actividades con normalidad”, señaló, y agregó que el problema termina perjudicando no sólo al Concejo, sino también a los vecinos cuyos temas quedan sin tratamiento.

Uno de los asuntos que debía avanzar era un proyecto presentado por el presidente del Concejo, Hugo Barro, relacionado con planteos de sectores gremiales. Trinidad remarcó que la interrupción dejó pendientes iniciativas que ya venían siendo trabajadas y sostuvo que esa consecuencia debe ser tenida en cuenta cuando las disputas personales desplazan la función legislativa. Para la edil, la institucionalidad exige que incluso las diferencias más profundas se tramiten dentro de un marco de respeto.

El concejal Escalante fue también crítico con el clima interno y sostuvo que la discusión política no puede transformarse en una sucesión de descalificaciones. Durante la entrevista realizó cuestionamientos severos sobre antecedentes y conductas de López; esas expresiones corresponden a su valoración personal y no constituyen hechos acreditados por sí mismos. Su planteo central, sin embargo, fue institucional: el Concejo necesita recuperar condiciones mínimas de convivencia para que el debate no derive permanentemente en enfrentamientos personales.

Parte de la controversia estuvo vinculada además con un pedido de informes presentado por López y Farfán sobre los gastos y recursos utilizados durante la búsqueda de Maximiliano Martínez. Trinidad y Escalante cuestionaron tanto el momento como el enfoque del planteo y consideraron que debía existir mayor sensibilidad hacia la familia. También objetaron que el texto incluyera interrogantes sobre eventuales fondos enviados a instituciones bolivianas, una cuestión que, según afirmaron, no estaba acompañada en ese momento por documentación que respaldara esas hipótesis.

Más allá de ese expediente puntual, ambos concejales insistieron en una idea: el control político no debe confundirse con el enfrentamiento permanente. Pedir informes, cuestionar decisiones y ejercer oposición son atribuciones legítimas de cualquier edil; otra cosa es que esos mecanismos terminen desarrollándose en un contexto de hostilidad que impida sesionar. Trinidad llamó a “respetar la vida” y a actuar con coherencia, mientras Escalante sostuvo que determinados temas humanitarios deberían abordarse con especial prudencia.

El episodio vuelve a colocar al Concejo Deliberante ante un desafío básico pero decisivo: recuperar un ámbito donde las diferencias puedan ser fuertes sin destruir el diálogo institucional. Trinidad y Escalante pidieron reflexión y coordinación para poder retomar el trabajo legislativo. La comunidad, en definitiva, no elige concejales para que piensen igual, sino para que sean capaces de debatir, controlar y resolver aun cuando sostengan posiciones opuestas.