La Quiaca no se conforma con 120 días: comerciantes y trabajadores marchan por la derogación de la Resolución 5910

La suspensión por 120 días de la Resolución 5910 alivió la tensión inmediata, pero no desactivó el conflicto. Comerciantes, taxifleteros, estibadores, trabajadores de carros de mano y otros sectores del ecosistema económico fronterizo marcharon pacíficamente en La Quiaca, mientras numerosos locales bajaron sus persianas en señal de solidaridad. Los manifestantes agradecieron la intervención del municipio y del Gobierno de Jujuy, pero advierten que la postergación no alcanza: quieren una solución definitiva y temen que, si la norma vuelve a entrar en vigencia, termine de quebrar una economía local ya debilitada.

La frontera volvió a hablar en la calle. La suspensión temporal de la Resolución 5910 de ARCA fue recibida como un alivio, pero no como una solución. Comerciantes, taxifleteros, estibadores, trabajadores de carros de mano y pequeños prestadores decidieron mantener la protesta porque entienden que cuatro meses de postergación no eliminan el riesgo de que la medida vuelva a aplicarse con toda su fuerza. La movilización fue pacífica y estuvo acompañada por numerosos comercios que bajaron sus persianas en solidaridad, una postal que mostró hasta qué punto el conflicto dejó de ser sectorial para convertirse en una preocupación de toda la ciudad.

Entre los manifestantes hubo reconocimiento a las gestiones realizadas desde el municipio de La Quiaca y también a la intervención del Gobierno de Jujuy para que la situación fuera escuchada a nivel nacional. La presentación judicial impulsada por el intendente Dante Velazquez permitió llevar el reclamo al terreno institucional y reforzó una demanda que comerciantes y trabajadores ya venían expresando en las calles. Pero el mensaje que hoy emerge de la frontera es más ambicioso: la suspensión debe ser el punto de partida para discutir la derogación o una reformulación de fondo de la Resolución 5910, porque el problema no desaparece mientras exista la posibilidad de que vuelva a regir sin modificaciones sustanciales.

La preocupación tiene una base económica concreta. El sector comercial viene denunciando cierres de locales y una retracción sostenida de la actividad por la situación general del consumo y la pérdida de rentabilidad. En ese contexto, una resolución que restringe el movimiento fronterizo golpea sobre una estructura que ya estaba debilitada. Para La Quiaca, el comercio no es una actividad aislada: alrededor suyo se organizan los ingresos de fleteros, estibadores, carritos de mano, taxistas, depósitos, vendedores ambulantes, pequeños gastronómicos y familias que dependen indirectamente del flujo de personas y mercaderías. Por eso, volver a activar la Resolución 5910 en sus términos actuales podría producir un daño mucho más profundo que el observado durante sus primeros días de vigencia.

La protesta también busca instalar una discusión que excede los 120 días. Los comerciantes y trabajadores quieren que Nación comprenda que la frontera posee formas históricas de intercambio, usos comerciales y relaciones económicas que no pueden ser evaluadas únicamente desde una lógica administrativa uniforme. La Quiaca y Villazón funcionan desde hace décadas como un sistema económico complementario. Interrumpir bruscamente ese movimiento puede desplazar operaciones formales, reducir la recaudación, acelerar el cierre de comercios y dejar sin ingreso a cientos de trabajadores. La demanda, por lo tanto, no es ausencia de controles, sino reglas que distingan entre ilegalidad y actividad fronteriza legítima.

La marcha deja una señal política y social clara: La Quiaca agradece que la resolución haya sido suspendida, pero no está dispuesta a esperar pasivamente que dentro de 120 días reaparezca el mismo problema. La comunidad quiere participar de la discusión que viene y busca una salida permanente que preserve el trabajo, el comercio legal y la estabilidad social. Si la experiencia de estos días dejó una enseñanza, es que una norma pensada sin suficiente conocimiento del territorio puede poner en riesgo una economía entera. Y en una ciudad donde ya existen comercios quebrados y familias viviendo al límite, volver a activar la Resolución 5910 sin cambios podría transformar una crisis comercial en una crisis social de mucha mayor magnitud.