La Quiaca 11 de febrero 2021 // El día martes en horas de la tarde, se produjo un hecho indignante; cuya acción constituyó un abuso de poder similar a los tiempos de la dictadura. El reconocido empresario Jorge Martinez, quien como ciudadano tributa diferentes impuestos municipales, intimado por uno de sus emprendimientos en obras, el cual posee un cierre perimetral que ocupa una parte de la vereda; había sido notificado en dos oportunidades para que permita la circulación peatonal sobre la misma.
El vecino, había recibido dos intimaciones (21 de enero-8 de febrero), tras lo cual su representante técnico, solicitó un plazo de 30 días para dar cumplimiento con el objeto de la intimación; sin embargo la Jueza de Faltas Nadia Yanina Arroyo, le aplicó una multa de $41.000 sin explicación alguna; procediendo a quitar el cerco perimetral de seguridad de la obra, el cual es obligatorio en las obras en construcción para protección de los transeúntes; cargando los elementos de la misma en un camión del municipio; no si antes privar de la libertad al propietario que se acercó a la obra para pedir que detengan la destrucción del cerco perimetral.
En esa circunstancia, la Jueza Nadia Arroyo ordenó su arresto, ejecutado por personal policial, sin intervención de un fiscal, ni orden judicial, alojándolo en la seccional durante más de 5 horas, donde permaneció incomunicado, sin poder recibir la asistencia de su propia esposa, a la cual no se le permitió verlo.
Horas más tarde fue liberado porque no había ninguna razón jurídica para que el mismo se encuentre bajo arresto, según determinó la fiscalía. Desde este órgano mencionado, cabe el reproche por la actuación del personal policial que realizó un procedimiento ilegal, ya que ignoran o desobedecieron las disposiciones procesales.
Jorge Martinez, explicó en declaraciones radiales, que el posee una obra, y hay cuestionamientos en aspectos de planos que vienen retrasados, pero como todo vecino de La Quiaca, si hay alguna una infracción, la asumirá; pero debe haber al menos una oportunidad para el descargo o contemplación; -no puedo asumir una multa de $41.000 fijada de modo discrecional, estamos en pandemia, la actividad que desarrollo ha sido fuertemente golpeada. Declaró Martinez.
Agregó Martinez: -esta medida es desproporcionada, la Jueza Nadia Arroyo se extralimitó, no puede privarme de mi libertad, deben devolverme el cerco perimetral; sin dudas vivimos la época más oscura de la vida institucional en La Quiaca, jamás ocurrió semejante atropello, en ninguna intendencia. Explicó
Martinez recibió el apoyo contundente del sector comercial de La Quiaca y de todo buen vecino; es decir de la mayoría de la ciudadanía; -no pueden armar expedientes para perseguir e intentar disciplinarnos con el objeto de recaudar. Martinez comentó que en su afán de recuperar el cerco perimetral, intentó en varias oportunidades comunicarse con el intendente de la ciudad Blas Gallardo pero este nunca lo atendió.
La semana pasada, la oposición en el Concejo Deliberante intentó tratar sobre tablas un proyecto para regularizar la situación jurídica de la Jueza de Faltas Nadia Arroyo, entre otros funcionarios; cuyo nombramiento no cuenta con el acuerdo del cuerpo, requisito establecido en La Ley Orgánica de Municipios, sin embargo el oficialismo rechazó el pedido, consolidando día tras días sucesivas irregularidades que comprometen la administración pública impregnándola de nulidades absolutas.
Ahora, tras el aberrante acto –privación ilegítima de la libertad y robo de bienes-, Nadia Arroyo demostró que no detenta idoneidad, requisito que la inhabilita para que el Concejo Deliberante proceda a reconocer su aceptación de cargo; más aún desde el sector comercial solicitan la declaración de la misma como persona no grata en La ciudad de La Quiaca. LQN
