Hugo Barro pidió respeto institucional tras levantarse la sesión del Concejo Deliberante de La Quiaca

El presidente del Concejo Deliberante de La Quiaca, Hugo Barro, lamentó que una nueva discusión interna terminara frustrando el tratamiento de distintos temas legislativos y apuntó a la conducta de la concejal Marcela López. Más allá del cruce político, Barro sostuvo una posición centrada en el respeto, la responsabilidad institucional y la necesidad de que las diferencias se tramiten dentro de reglas democráticas, sin agravios ni descalificaciones.

La sesión prevista en el Concejo Deliberante de La Quiaca no pudo continuar luego de un nuevo episodio de tensión entre concejales. Hugo Barro, presidente del cuerpo, explicó que decidió no tolerar lo que consideró una falta de respeto durante el intercambio parlamentario y lamentó que esa situación terminara afectando el tratamiento de proyectos y pedidos que estaban incluidos en la agenda del día. Según su relato, no se trató de una diferencia política aislada, sino de una conducta que, a su entender, viene deteriorando el funcionamiento institucional. Texto pegado

Barro fue enfático en un punto que excede la disputa personal: se puede pensar distinto, discutir e incluso confrontar políticamente, pero dentro de un marco de respeto. Esa idea aparece como el núcleo más sólido de su planteo. El Concejo, sostuvo, no puede convertirse en un espacio donde el agravio reemplace al debate, porque cuando eso ocurre no solamente se afecta a quien recibe el insulto, sino también a la ciudadanía que espera respuestas concretas de sus representantes. Texto pegado

El planteo mantiene además coherencia con una posición que Barro ya había expresado meses atrás, cuando reclamó responsabilidad política a los seis integrantes del cuerpo y sostuvo que el Concejo Deliberante “es algo serio”, donde las diferencias deben procesarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes. La composición actual del Concejo quedó completada en junio con la incorporación de Marcela López y Gustavo Farfán, tras un proceso institucional previo.

La interrupción de la actividad tuvo una consecuencia concreta: quedaron pendientes distintos expedientes y proyectos que debían ser considerados. Barro mencionó iniciativas propias y de otros concejales, además de un tema sobre el cual había asumido un compromiso previo con sectores gremiales. Desde su mirada, el costo de los enfrentamientos internos no es solamente político: cada sesión que se frustra posterga asuntos que pertenecen a los vecinos. Texto pegado

Otro de los puntos que generó una reacción especialmente crítica de Barro fue un pedido de informes relacionado con la búsqueda de Maximiliano Martínez. El concejal cuestionó principalmente el momento y la forma del planteo, considerando que una situación que involucró a una familia atravesada por días de incertidumbre debía ser tratada con mayor sensibilidad. Al mismo tiempo, el pedido incluía preguntas sobre eventuales fondos municipales utilizados durante el operativo y sobre la participación de instituciones bolivianas. Texto pegado Aquí conviene hacer una distinción institucional: solicitar información sobre recursos públicos forma parte de las atribuciones de control de un concejal; la controversia planteada por Barro se concentra en el tono, las afirmaciones implícitas y la oportunidad elegida para hacerlo.

Ese matiz permite darle mayor altura al debate. Control y humanidad no deberían ser términos enfrentados. Un cuerpo legislativo puede —y debe— pedir rendición de cuentas cuando corresponda, pero también puede hacerlo sin prejuzgar responsabilidades, sin convertir una tragedia familiar en herramienta de confrontación y sin deteriorar relaciones institucionales con organismos que participaron de un operativo de búsqueda.

La posición de Barro, en ese sentido, puede resumirse en una exigencia de convivencia democrática. Las instituciones no se fortalecen porque todos piensen igual; se fortalecen cuando quienes piensan distinto consiguen discutir sin destruir el espacio común. El desafío para el Concejo de La Quiaca será recuperar ese marco y volver a poner en el centro aquello para lo cual fue elegido: debatir, controlar, legislar y resolver problemas de la comunidad.