El fiscal Alberto Mendivil confirmó que dos adolescentes fueron imputados en Abra Pampa por amenazas escolares. Advirtió que estos hechos no son una broma y pueden derivar en consecuencias penales y civiles.
La Quiaca, 29 de abril del 2026 // La preocupación por las amenazas en instituciones educativas ya tiene consecuencias concretas en la región. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alberto Mendivil, confirmó que en la ciudad de Abra Pampa dos adolescentes fueron imputados tras investigaciones vinculadas a intimidaciones en escuelas.
El funcionario fue contundente: “no es una picardía, no es un chiste”, y explicó que este tipo de conductas genera un despliegue importante de recursos del Estado, desde operativos policiales hasta investigaciones judiciales, lo que implica costos y consecuencias legales para los responsables.
Mendivil detalló que, en el caso de menores, además de las consecuencias penales cuando la edad lo permite, también pueden derivarse responsabilidades civiles que recaen sobre los padres. “No es que te la vas a llevar gratis. Hay consecuencias”, remarcó.
El fiscal explicó que este fenómeno no puede analizarse de manera aislada, sino que responde a un contexto social más amplio, donde el uso de redes sociales, la falta de límites y la reproducción de conductas virales generan este tipo de situaciones. En ese sentido, pidió una mayor responsabilidad tanto de las familias como de la sociedad en general.
Además, destacó el trabajo coordinado que se viene realizando en la frontera con autoridades de Bolivia, lo que permite mejorar las investigaciones y la persecución penal en una zona donde la dinámica entre ambos países es permanente.
En otro tramo de sus declaraciones, Mendivil hizo referencia a problemáticas que también atraviesan la región, como la violencia de género, el hostigamiento a través de redes sociales y las falsas denuncias. Sobre este último punto, advirtió que se están impulsando imputaciones contra quienes realizan denuncias falsas, ya que implican un uso indebido de los recursos del Estado.
También señaló que el mal uso de redes sociales puede derivar en consecuencias legales, especialmente cuando se difunden noticias falsas o se realizan escraches que afectan a terceros. “La libertad de expresión tiene límites”, sostuvo.
Respecto a La Quiaca, el fiscal indicó que ya hay investigaciones en curso por hechos similares y que en los próximos días podrían registrarse nuevas imputaciones.
El mensaje desde la justicia es claro: las amenazas a escuelas no son una broma. Son delitos que afectan a toda la comunidad educativa y que hoy, más que nunca, tienen consecuencias.
