La gestión municipal continúa con su política de puertas abiertas: todos los miércoles, el intendente Dante Velázquez recibe a los vecinos en su despacho. Esta vez, un grupo de familias del barrio Luján, ubicado en la zona norte de la ciudad, expuso una situación alarmante: viven desde hace más de 15 años sin conexión formal al servicio de agua potable debido a problemas de regularización dominial.
Durante la audiencia, Edgar Chávez, en representación de los vecinos, relató que la empresa de agua exige una tenencia precaria actualizada para habilitar la conexión. Sin embargo, el documento que poseen fue entregado por el municipio durante una gestión anterior, lo cual el actual intendente consideró inválido: “El Ejecutivo Municipal no está facultado legalmente para otorgar tenencias precarias”, explicó Velázquez.
Esta aclaración sacó a la luz un hecho grave: los documentos que varias familias poseen fueron emitidos sin validez jurídica durante el mandato anterior, según relataron los propios vecinos, quienes señalaron al exintendente Gallardo como responsable de haber otorgado los papeles en forma directa. “Fuimos engañados, ahora tenemos que hacer denuncias para iniciar un proceso legal”, afirmaron con angustia.
El intendente Velázquez explicó que el camino legal es iniciar denuncias formales ante la justicia, con lo cual el municipio podrá intervenir junto a la Provincia para encontrar mecanismos que permitan regularizar la situación y facilitar el acceso a servicios esenciales como el agua potable. “Es un tema de derechos humanos y dignidad. No puede haber familias con niños o adultos mayores viviendo sin agua por una promesa política ilegítima”, sostuvo.

Actualmente, más de veinte familias viven en el sector afectado. Muchas han construido sus viviendas con esfuerzo, confiando en un documento que hoy se revela sin sustento legal. Algunas de ellas lograron conexiones precarias, otras dependen de mangueras prestadas o acarreo desde zonas vecinas, lo cual agrava la situación sanitaria.
El caso pone de manifiesto las consecuencias del uso arbitrario del poder político, especialmente cuando se trata de tierra y acceso a servicios. También muestra cómo la institucionalización de las audiencias públicas puede servir como herramienta concreta para poner sobre la mesa los conflictos reales de los vecinos y canalizarlos hacia soluciones posibles.
Desde el municipio ya se comenzó a trabajar en el relevamiento y acompañamiento jurídico necesario, mientras se mantiene abierta la vía institucional para que los vecinos puedan avanzar en una regularización que les permita vivir con derechos y seguridad.
