La Quiaca 10 de febrero 2021 // El día de ayer recorría los medios locales una noticia que más allá del tema legal en sí, llamaba la atención el nombre de un vecino muy conocido en nuestro medio, hijo de una de las familias quiaqueñas más emblemáticas de la mejor época comercial y cultural de La Quiaca.
La noticia comenzó circular desde horas de la mañana, cerca de las 10:00 am cuando empleados municipales de obras públicas procedieron a quitar el cercado perimetral de una vivienda en construcción ubicada en calle Árabe Siria próxima a calle San Juan. Estos empleados dirigidos por la Sra. Jueza de Faltas, Nadia Yanina Arroyo, realizaron su función obedeciendo órdenes expresas y sin la presencia del propietario don Jorge Martínez.
A los pocos minutos se hace presente el propietario con la intención de frenar el avance de esta acción, pero es detenido por personal policial donde se da algún forcejeo, pero nada importante ya que tal actitud no podría llamarse resistencia a la autoridad y consta en filmaciones.
Luego de toda esta odisea, consultado por nuestro medio, Martínez aduce que no cuestiona el proceder administrativo o legal de la Sra Jueza, a pesar que la misma no goza de la legalidad por carecer su nombramiento del acuerdo institucional, al no pasar su aceptacion de cargo por el poder legislativo como ordena la ley orgánica de municipios, sino la forma de llevar a cabo la acción en contra de sus bienes; lo cual también es un proceder reprochable en términos jurídicos.
Jorge Martinez expuso ante nuestro periodista las notificaciones enviadas por el municipio; primero el día 21 de enero y luego otra del 8 de febrero, estamos hablando de 20 días al final de los cuales la Sra Arroyo hizo ejercicio de su poder. Queda latente la pregunta si esta acción se hizo efectiva en el resto de la ciudad o solamente con el Sr. Martínez, ya que, según él, la Sra. Jueza tiene un problema personal con él.
En primer lugar, no fue notificado en el momento de tomar acción contra su propiedad. Segundo, cuestiona Martinez la manera en que los empleados quitaron las chapas -sin ningún cuidado-, rompiendo elementos de protección y tercero que no hacía falta que la fuerza policial lo detuviera como si hubiera cometido algún delito -privación ilegítima de la libertad-.
Al termino del procedimiento, los empleados municipales se llevaron los elementos que hacían de cerco perimetral cargado en un camión del municipio, cosa que tal vez no corresponde. Ahora debe gestionar la posibilidad recuperar los mismos y por supuesto aclarar esta cuestión en las oficinas del intendente Blas Gallardo o con la misma Sra. Jueza de faltas.
Seguramente esto amerita un descargo por parte de la señora Jueza; para evitar la presunción de abuso de autoridad; algo díficil de descartar ante la evidencia fílmica.
