La Quiaca 20 de febrero del 2021 // En las últimas horas una profunda grieta separó la gestión actual de Blas Gallardo de la comunidad; del lado del oficialismo quedó apenas un manojo de aquel frente político y social que interpretó la búsqueda de nuevos aires en el pórtico norte de la Argentina.
La coalición implosionó, tras la inexperiencia y la voracidad de algunos dirigentes que creyeron que “la cosa pública” era un manantial inagotable de recursos; cuando desde hace cinco años las instituciones por el avance tecnológico son instrumentos controlados bajo estrictas normas de control fiscal y financiero; donde la pericia de los administradores debe generar recursos de manera inteligente, desde la aplicación de tasas razonables por servicios eficientes; atracción de inversiones privadas para generación de empleos, programas educativos para mejorar el RRHH local, promover la dinámica comercial y de servicios locales, bregar por la creación de nuevas ofertas para la realización de las familias en la comunidad “Educación, perfil turístico, valor agregado sobre materias primas autóctonas e integración de bloques regionales para desarrollos de mercados”.
Demanda Penal a Blas Gallardo, Felisa Nieves, Jorge Tejerina y Daniel Flores
La nueva gestión, creyó que el triunfo electoral era un cheque en blanco, y que a sus pies iban a inclinarse las instituciones; pero pronto el desmadre administrativo encontró límites, tanto en la justicia, en el CD y la crítica férrea de sus vecinos. Hoy el oficialismo quedó reducido a una línea sin consenso social, alejada de las expectativas que supieron generar con su impetuosa llegada.
Muchas de sus alianzas se rompieron, al menos ya son tres vertientes que comienzan a trazar la proyección de sus propias estructuras, absolutamente decepcionadas con Blas Gallardo; las cuales se apresuran a desmarcarse tratando de evitar que la imagen negativa de la gestión opaque los cuadros emergentes.
Hoy el oficialismo, sigue dando vueltas en círculos, no tiene ningún camino para romper el maleficio que sus yerros crearon; haber forzado una producción ilegal de ordenanzas con un Concejo Deliberante sin quorum (Felisa Nieves, Jorge Tejerina y Daniel Flores) y luego aceptar el fallo del Superior Tribunal de Justicia, el cual retrotrajo los hechos al 10 de diciembre del 2019, sin apelar la medida –significó asumir la irregularidad administrativa de todo el período 2020-; equívoco que no puede enmendar ni siquiera una sesión extraordinaria que ratifique lo actuado; sencillamente se mordieron la cola.
El conflicto dejó la esfera institucional doméstica, al no haber una corrección de los actos administrativos por las sendas institucionales –presentar nuevamente los proyectos de ordenanzas positivos y coherentes para evitar reacciones jurídicas; como también los acuerdos necesarios para sustentar los nombramientos de funcionarios que producen con sus actuaciones efectos jurídicos (Juez de Faltas, Director de Rentas, Tesorero y Secretario de Hacienda del Municipio), ahora quedaron sus conductas díscolas bajo la investigación de la justicia penal, la cual solo se remitirá a ratificar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, proveído que aceptaron Nieves, Tejerina y Flores, por lo cual se procedió a la toma de juramento de los concejales electos el 9 de junio del 2019, que pasaron a ejercer su representanción tras la jura ocurrida en diciembre del 2020.
Gallardo ya no posee sustento político para plasmar un proyecto social, carece de volumen y gravitación, subestimó las normas, las cuales ajustan las conductas de los hombres en pos del bién común, no son flexibles a las ambiciones de los dirigentes. La sesión extraordinaria convocada para el día lunes 22 de febrero, caerá, ya que ese día los concejales Hugo Barros, Sara Aranda y Silvia Villatarco dejaran en manos de la justicia penal la investigación de los actos rebeldes del Intendente y sus concejales.
Inexorablemente, tras el fallo de la justicia, habrá que reponer los recursos registrados en las transferencias que realizó la unidad de gestión de la provincia al tesoro municipal, hecho que ya vislumbra gravemente uno de los concejales del oficialismo, quien podría abandonar la postura y declarar que Gallardo es el único responsable, de modo de intentar librarse de la conminación de reponer un monto que compromete su estabilidad económica personal.
En definitiva, la única manera de poner paños fríos por ahora, sería quitar del orden del día el punto que pretende la ratificación de lo actuado durante el 2020; el CD podría avanzar con el tratamiento de otros proyectos de ordenanzas, pero la sentencia sobre la usurpación de cargos, títulos, funciones, y liquidaciones apócrifas llegará de todas formas, y esta vez tendrá el agravante de una manifiesta desobediencia judicial, al haber obrado a pesar de ser conscientes de un fallo claro, que no apelaron y consintieron al producirse el juramento de los tres concejales electos.
Por estas horas, nada puede parar el sangrado de la gestión de Blas Gallardo, haber esposado a un vecino que goza del respeto de la comunidad como el señor Jorge Martinez, quitarle el trabajo a una mujer periodista –Mariana Paredes- para darle el lugar al hermano del Intendente, he intentar engañar a los concejales opositores con maniobras groseras en su concepción institucional –notificarlos sin darles a conocer el orden del día, para obtener quorum y convalidar actos ilegales-; son hechos que la sociedad quiaqueña ya condenó; la cual espera las elecciones 2021 para estampar con firmeza el rechazo terminal a una gestión para el olvido; por cuyos desaciertos esperan no tener que poner la espalda.
