Repudian difamación nacional, provincial y de medios locales, como instrumento de hostigamiento  

La Quiaca 25 de agosto 2021 // La sesión N° 20 se llevó a cabo en horas de la mañana del día miércoles; en la misma los concejales por mayoría simple aprobaron una ordenanza de repudio al uso de la difamación para hostigar al concejal Hugo Barro, rechazando además las amenazas del oficialismo, como también invitaron a los medios de comunicación a proveerse de las fuentes, trazado inexcusable en la labor periodística.

La reacción del CD es consecuencia de un raid mediático donde circuló una foto, -material gráfico inverosímil dada la falta de nitidez-, impropio en tiempos donde la tecnología de seguridad posee estándares de registro en video en alta definición; sin embargo, la asesora legal del poder ejecutivo Dra. Lorena Mamaní, supuesta víctima, salió al aire en C5N diciendo que el concejal Hugo Barros habría incurrido en un intento de femicidio, ya que obró de manera intencionada, respaldando sus palabras con una foto borrosa.

La Dra. Mamaní realizó la denuncia al concejal Hugo Barro, el mismo día que el CD denunciaba penalmente al intendente de la ciudad de La Quiaca. Barro presentó una contradenuncia, quedando la situación en manos de la justicia.

La Dra. Lorena Mamaní aseguró que en la ciudad de La Quiaca persisten practicas patriarcales muy rígidas, por lo cual hay que proceder a condenar este tipo de ataques; por su parte Barro lamentó el proceder del oficialismo; ya que “utilizan un tema tan sensible como la violencia de género para armar una maniobra funesta, donde no tienen ningún remordimiento en orquestar una farsa”; Barro consideró que la justicia finalmente dará a conocer la verdad, aseguró el concejal.

Sin embargo, la Dra. Mamani tiene razón cuando asegura que en la ciudad fronteriza hay fuertes huellas de violencia de género, ya que las mujeres de las organizaciones sociales, que días atrás marcharon bajo inflexibles órdenes a protestar en contra del concejal Hugo Barro, con un libreto impostado; desnudaron una violencia imposible de ocultar que proviene del propio poder ejecutivo, que utiliza a las mujeres beneficiarias de programas sociales como fuerza de hostigamiento.

EP