Controversia en el municipio de La Quiaca: concejal electa intentó acceder a información sin cumplir pasos administrativos

La Quiaca – El mediodía de ayer, alrededor de las 12:30, el municipio vivió una situación llamativa que generó polémica institucional. La concejal electa Marcela Silvana López se presentó en las oficinas de Andina Telecomunicaciones, área bajo administración municipal, con la intención de solicitar información referida a personal, vehículos y directorio de la dependencia.

Según relataron los empleados del área y confirmó la presidenta del Concejo Deliberante, Mirtha Moscoso, López apeló a su condición de concejal electa para reforzar su solicitud, lo que fue interpretado como un acto intimidatorio hacia los trabajadores municipales.

“No se le niega información a nadie, pero hay que respetar los circuitos”

Moscoso explicó que la funcionaria electa no siguió los pasos administrativos correspondientes, pese a conocerlos debido a su experiencia previa en diferentes gestiones del municipio y el propio Concejo Deliberante.

“Todos los ciudadanos tienen derecho a pedir información, pero hay que hacerlo mediante los canales que corresponden. Lo grave es que apeló a un cargo que aún no asumió. Hasta el 10 de diciembre es una vecina más, no una autoridad”, afirmó Moscoso.

La presidenta del Concejo agregó que ya se realizaron las denuncias pública y policial pertinentes, considerando que este tipo de prácticas “ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones”.

Reacciones y antecedentes

En los últimos días, López había presentado formalmente pedidos de informes como concejal electa, respetando el circuito burocrático, lo que fue valorado como correcto. Por ello, desde el Concejo no se comprenden las razones de este accionar irregular.

Moscoso advirtió que el municipio es de puertas abiertas y que la información se entregará siempre, pero respetando los procedimientos:

“El intendente ya respondió a pedidos de informes de otros vecinos y concejales. Esta situación se podría haber evitado si se actuaba por los canales habituales”.

Una señal de alerta institucional

La polémica deja abierta la discusión sobre los límites y responsabilidades de los funcionarios electos antes de asumir. Para las autoridades locales, usar una “chapa” que aún no corresponde no solo genera presión indebida sobre empleados, sino que también erosiona la confianza en los mecanismos democráticos.