Crónica de un cruce tenso en el Concejo — recategorizaciones, planta permanente y un decreto en disputa

El clima en el Concejo Deliberante de La Quiaca se enrareció tras una audiencia entre la presidenta Mirtha Moscoso y representantes sindicales municipales —Carlos Martínez (ATE) y Mauro Farfán (SEOM)— para tratar recategorizaciones y pase a planta permanente. La reunión derivó en gritos, acusaciones y el desalojo del despacho por decisión de la titular del cuerpo.

La escena: del diálogo a la confrontación

La audiencia estaba agendada para encauzar reclamos pendientes. Según Moscoso, el diálogo “siempre está abierto”, pero se quebró cuando el dirigente del SEOM “elevó el tono y faltó el respeto”, al señalarla como “responsable de votar la anulación del decreto de alta por baja”. Ante la escalada, la presidenta requirió intervención policial y pidió el retiro de Farfán de su oficina.

Qué reclama cada parte

La Presidencia del Concejo (Mirtha Moscoso)

• Sostiene que el Cuerpo legislativo no gestiona legajos: puede dictar normas, pedir informes y convocar a funcionarios, pero no ejecuta recategorizaciones ni altas/bajas (atribución del Departamento Ejecutivo y de Recursos Humanos).
• Afirma que el señalamiento por el “decreto de alta por baja” es injusto y fuera de forma, y que no tolerará agravios en instancias institucionales.

ATE y SEOM (Carlos Martínez y Mauro Farfán)

• Plantean diferencias de fondo por recategorizaciones demoradas y pase a planta permanente para trabajadores con antigüedad.
• Exigen que el Concejo intervenga políticamente: ordene auditoría, fije plazos y garantías para regularizar carreras y estabilidad.
• El SEOM cuestiona la anulación de un decreto de “alta por baja” que —según su lectura— afectó acuerdos previos; piden revisión y remediación.

El punto ciego: el “decreto de alta por baja”

• Para el sindicato, la presunta anulación habría retrotraído incorporaciones o compromisos asumidos, lesionando derechos laborales.
• Para el Concejo, la potestad sobre decretos es materia del Ejecutivo; el Cuerpo puede controlar (pedidos de informe, resoluciones), no administrar legajos.
• Resultado inmediato: ruido político y deterioro del clima de negociación.

Qué hay detrás (y por qué importa)

• Recategorizaciones: impactan en salario, antigüedad y carrera.
• Planta permanente: define estabilidad y derechos; demanda concursos, normativa y presupuesto.
• Institucionalidad: el Concejo marca agenda y control; el Ejecutivo ejecuta. La mesa paritaria debería ser el canal.

Lo que se resolvió (y lo que falta)

• Resuelto hoy: nada sustantivo; sí la expulsión del despacho por “faltas de respeto” y el corte de la audiencia.
• Falta:
  1. Mesa técnica paritaria con acta y cronograma verificable (legajos, antigüedad, cupos, impacto presupuestario).
  2. Pedido de informes del Concejo al Ejecutivo (nómina, vacantes, situación del decreto en disputa).
  3. Reglas de convivencia en audiencias (uso de la palabra, plazos, canal escrito para desacuerdos).
  4. Plan de transición: recategorizaciones por tramos y concursos para planta, con prioridades objetivas.

La sesión no resolvió el conflicto, pero visibilizó el nudo: derechos laborales versus competencias institucionales. La firmeza sindical y la respuesta defensiva del Concejo chocaron en formas y fondo. Sin actas, plazos y mediación formal, el debate amenaza con mudarse a la calle y a los tribunales. La salida sigue siendo paritaria, escrita y verificable.