El Ejecutivo Municipal, El Concejo Deliberante y la Dirección de Zoonosis de La Quiaca salieron a fijar posición frente a una versión que vinculó una ordenanza local con el supuesto regreso de la “perrera” y el sacrificio de animales. En conferencia de prensa, el presidente del Concejo, Hugo Barro; los concejales Walter Escalante y Silvano Velázquez; el director de Zoonosis, veterinario Cosme Flores; y el intendente Dante Aníbal Velázquez rechazaron de plano esa interpretación, denunciaron mala fe en la instalación mediática y anticiparon que judicializarán la maniobra. El municipio sostiene que su política pública va en sentido contrario: castración, tenencia responsable, sanidad animal y trabajo institucional, no sacrificio ni encierro.
La Quiaca quedó en el centro de una operación de confusión pública que, según denunciaron autoridades municipales y legislativas, buscó instalar una mentira sensible: que el municipio y el Concejo Deliberante avanzarían con una ordenanza vinculada al sacrificio de animales o al regreso de una “perrera”. La versión fue publicada por portales provinciales bajo títulos de alto impacto, planteando preocupación por una ordenanza supuestamente aprobada en La Quiaca y asociándola al temor de organizaciones proteccionistas.

Frente a esa publicación, el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro, fue terminante: afirmó que en ningún momento el cuerpo trató ni pensó una política de sacrificio animal, y sostuvo que la versión difundida constituye una noticia falsa con clara intencionalidad. Según explicó, el tema fue dado de baja para abrir una instancia de diálogo con los sectores involucrados, precisamente porque desde el inicio se advirtió una mala interpretación o una mala intención desde una aviesa distorsión. “Jamás pasó por nuestra cabeza”, fue el mensaje institucional que buscó llevar tranquilidad a la población.
Barro también anunció que el Concejo y el municipio irán “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables de viralizar una acusación que consideran grave, lesiva y construida de mala fe. El punto no es menor: en tiempos donde una publicación puede prender fuego la conversación pública en cuestión de minutos, una fake news sobre maltrato o sacrificio animal no solo daña reputaciones institucionales, sino que confunde a vecinos, enfrenta a sectores de la comunidad y debilita políticas públicas que necesitan confianza social para funcionar.

El director de Zoonosis, veterinario Cosme Flores, reforzó esa posición desde el plano técnico y profesional. Recordó que el área trabaja con una línea sanitaria basada en castraciones, prevención, tenencia responsable y articulación con el programa ProTenencia, una política que no contempla el sacrificio de animales. Además, remarcó que La Quiaca cuenta con quirófano móvil, rinde informes semestrales sobre castraciones y sostiene una práctica institucional que, según su definición, convierte al Centro de Zoonosis local en un modelo de trabajo a nivel provincial. La propia comunicación oficial del municipio había presentado meses atrás una nueva etapa de Zoonosis bajo criterios de conciencia, sanidad y compromiso comunitario.
Flores fue aún más directo: dijo que personalmente se niega a sacrificar animales tanto en su actividad privada como en la función pública, y calificó la idea de armar una perrera como una “locura” material y ética. También invitó a los medios y vecinos a visitar el Centro de Zoonosis sin previo aviso para comprobar cómo se trabaja. La defensa institucional no se apoyó solo en el desmentido, sino en una trayectoria concreta: castraciones, controles, informes, prevención y una política sanitaria que busca ordenar una problemática real sin volver a viejas prácticas de encierro y eliminación.
El conflicto, sin embargo, no nace de la nada. La Quiaca venía discutiendo una agenda de protección animal y tenencia responsable con participación de proteccionistas y concejales. De hecho, medios locales habían informado que el Concejo Deliberante abrió una mesa de diálogo con organizaciones para avanzar en una ordenanza modelo, y que el proyecto buscaba abordar la protección de caninos y felinos, la tenencia responsable y la concientización sobre el cuidado de mascotas.
Por eso la operación resulta más grave: tomó una discusión pública legítima —cómo ordenar la convivencia urbana, la sanidad animal, los perros en situación de calle y la responsabilidad de los dueños— y la transformó en un relato extremo, emocionalmente explosivo y políticamente dañino. Una cosa es debatir una norma, mejorarla, corregirla o incluso frenarla si genera dudas; otra muy distinta es instalar que La Quiaca quiere matar animales cuando sus autoridades sostienen exactamente lo contrario y cuando la política sanitaria vigente se apoya en castración, prevención y cuidado.

El intendente Dante Aníbal Velázquez también lamentó la situación y pidió responsabilidad a medios locales, provinciales y de otras jurisdicciones que difundieron versiones sin verificar el sentido real de la política pública. En la mirada del Ejecutivo, no se trata de un error inocente sino de una siembra comunicacional con intencionalidad política, impulsada por sectores más interesados en dañar que en construir soluciones. La decisión de judicializar la maniobra busca marcar un límite: la crítica es legítima, el debate es necesario, pero la mentira organizada no puede convertirse en herramienta de desgaste institucional.
La Quiaca tiene por delante un desafío real: construir una ordenanza moderna, humanista y efectiva para proteger animales, ordenar responsabilidades, fortalecer Zoonosis y convocar a proteccionistas serios, vecinos y Estado a una mesa común. Pero ese camino necesita verdad, no operaciones; diálogo, no tergiversaciones; políticas públicas, no titulares incendiarios. Si la ciudad quiere resolver el problema de fondo, deberá separar a quienes trabajan por el bien común de quienes usan una causa noble para sembrar miedo, dañar instituciones y bloquear cualquier avance posible.
