Desde la Municipalidad de La Quiaca: convocan a organizaciones sociales para integrar el Consejo Provincial de Niñez

El Gobierno de Jujuy abrió la inscripción para que organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción, prevención y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes puedan incorporarse al registro provincial y participar en la elección de sus representantes ante el Consejo Provincial. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre y busca garantizar que las distintas regiones, incluida la Puna, tengan participación en el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las infancias.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, impulsa la puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para completar su conformación, el organismo necesita seleccionar a tres organizaciones de la sociedad civil, una de ellas vinculada específicamente con la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Durante una entrevista brindada al programa La Última Palabra, una referente del área provincial explicó que la convocatoria pretende llegar a “cada rincón de la provincia” para construir una representación verdaderamente territorial. Este objetivo adquiere especial importancia para La Quiaca y las comunidades puneñas, donde muchas organizaciones realizan una tarea silenciosa de acompañamiento, contención y defensa de derechos.

El primer paso será conformar un registro que permita conocer cuántas organizaciones trabajan actualmente con las infancias y adolescencias, qué problemáticas abordan y cuál es su alcance territorial. Una vez finalizada esa etapa, las instituciones inscriptas participarán de una votación para seleccionar a las tres entidades que se incorporarán al Consejo Provincial.

Las organizaciones elegidas no tendrán una presencia meramente simbólica. Según explicó la referente, podrán intervenir en las decisiones colectivas y contribuir al “diseño, fortalecimiento y puesta en práctica de políticas públicas” dirigidas a niñas, niños y adolescentes de toda la provincia.

El Consejo fue concebido como un espacio de coordinación entre organismos estatales, municipios, instituciones y sociedad civil. Su marco normativo contempla la participación de tres representantes de organizaciones sociales, incluyendo a una entidad dedicada a los derechos de las infancias y adolescencias con discapacidad.

La convocatoria reconoce que muchas respuestas frente a la vulneración de derechos nacen en el territorio. Comedores, asociaciones, fundaciones, espacios comunitarios y entidades de acompañamiento suelen detectar antes que nadie situaciones de violencia, abandono, discriminación, consumos problemáticos o dificultades de acceso a la educación, la salud y la inclusión.

Para la Puna, la participación resulta fundamental. Las distancias, la dispersión geográfica y las realidades propias de las comunidades rurales y fronterizas exigen que las políticas provinciales no sean pensadas únicamente desde los centros urbanos. La representación de organizaciones del norte jujeño permitiría incorporar esas experiencias al momento de definir programas, prioridades y formas de intervención.

“En muchas zonas de la provincia todavía falta trabajo en la promoción, la prevención y la concientización de los niños como sujetos de derecho”, sostuvo la referente. La afirmación expone uno de los principales desafíos: no alcanza con intervenir cuando un derecho ya fue vulnerado; también es necesario informar, prevenir y generar mecanismos comunitarios de protección.

Para inscribirse, las organizaciones deben contar con personería jurídica, presentar el número correspondiente, una copia de su estatuto y la nómina actualizada de autoridades. El formulario está disponible mediante un código QR difundido en las redes oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano.

Las entidades que todavía no hayan completado su regularización jurídica también fueron invitadas a iniciar ese proceso. Aunque no lleguen a cumplir los requisitos antes del cierre de esta convocatoria, podrán incorporarse al registro una vez normalizada su situación y participar en futuras elecciones, ya que la representación dentro del Consejo tendrá una duración de un año.

La iniciativa del Gobierno provincial abre una posibilidad concreta para que las organizaciones de La Quiaca y la Puna dejen de ser únicamente ejecutoras territoriales y puedan participar también en la elaboración de las decisiones. El desafío será lograr que la convocatoria llegue efectivamente al interior y que las voces de las comunidades más alejadas tengan un lugar real en las políticas de protección.