Milei y el bolsillo: las facturas le ganan al relato y el 67% siente que está peor

La encuesta de agosto de D’Alessio IROL y Berensztein muestra una distancia entre las expectativas de bienestar y la experiencia cotidiana. Los servicios públicos, los ingresos y la incertidumbre dominan las preocupaciones. Para el Gobierno, el desafío no es solamente explicar el presente: también necesita recuperar la confianza en el futuro.

Hay un momento en que la política deja de discutirse frente al televisor y empieza a resolverse frente a una factura. La encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein, titulada Los 1000 días de Milei, encuentra allí uno de los límites más incómodos para el oficialismo: el 67% de los consultados considera que su economía personal está peor que un año atrás, mientras que el 66% evalúa negativamente la evolución de la situación económica del país. No se trata de una medición directa de ingresos, sino de algo políticamente decisivo: cómo interpreta la gente lo que está viviendo. Y esa experiencia no se modifica con una explicación convincente sobre beneficios que todavía no percibe.

El orden de las preocupaciones ayuda a entender la profundidad del problema. Los servicios públicos encabezan las menciones con el 60%; el temor a que los ingresos no alcancen reúne el 59%; la incertidumbre económica, el 58%; y los costos de la salud, el 55%. La inflación aparece más abajo, con el 43%, dentro de una pregunta que permite respuestas múltiples. La lectura política no es que los precios hayan dejado de importar, sino que el malestar económico excede ese indicador. Una familia puede preocuparse menos por la velocidad de los aumentos y seguir angustiada por su capacidad para pagar. Confundir una menor preocupación por la inflación con una recuperación del bienestar sería un error de diagnóstico.

Pero la advertencia más seria está en el futuro: el 59% cree que la economía estará peor dentro de un año y solamente el 37% espera una mejora. Un gobierno puede pedir tiempo cuando conserva la expectativa de que el esfuerzo tendrá recompensa; enfrenta un problema distinto cuando predomina la idea de que la espera desembocará en nuevas dificultades. No significa que todos esos ciudadanos hayan decidido cómo votar, pero sí que la promesa de recuperación encuentra una resistencia considerable. La paciencia política necesita una razón para sostenerse. Cuando esa razón pierde credibilidad, cada sacrificio deja de interpretarse como una transición y empieza a sentirse como una condición permanente.

La demanda tampoco se agota en llegar a fin de mes. El 51% menciona entre sus preocupaciones la falta de propuestas para el crecimiento y el 49% señala el riesgo de caída de la industria y el empleo por la apertura económica. Son inquietudes declaradas, no pruebas de una relación causal, pero obligan a discutir algo que ninguna administración debería esquivar: de dónde saldrán las oportunidades. La conversación pública no puede reducirse a cuánto se ordenan las cuentas; necesita explicar quién producirá, quién contratará y cómo mejorarán los ingresos. Cuando el crecimiento aparece como una preocupación en sí misma, el problema ya no es únicamente cuánto cuesta vivir, sino qué posibilidades existen de vivir mejor.

El mensaje para Milei es exigente: no alcanza con discutir si la sociedad interpreta correctamente la economía; hay que conseguir que encuentre motivos concretos para interpretarla de otra manera. También deberían escucharlo gobernadores, legisladores y dirigentes que pretendan convertir cualquier debate en una disputa de pertenencias. La pregunta que surge de este cuadro es menos abstracta: qué decisiones pueden aliviar los gastos indispensables, mejorar los ingresos y abrir perspectivas de trabajo. La encuesta no dicta un resultado electoral, pero coloca una obligación sobre la política. La paciencia puede sostener un gobierno durante un tiempo; nunca reemplaza un ingreso que alcance.