El intendente Dante Velazquez advirtió sobre el impacto de las disposiciones nacionales en comerciantes y trabajadores del intercambio fronterizo. Junto con la Provincia y la Cámara de Comercio, avanzará en una mesa interinstitucional para reclamar soluciones. La postergación de algunas restricciones ofrece un alivio parcial, pero continúa vigente el límite diario de 150 dólares por poblador.
La preocupación por el futuro del comercio fronterizo tiene un rostro concreto en La Quiaca: el de quienes necesitan del movimiento cotidiano entre la ciudad y Villazón para sostener sus hogares. Paseros, estibadores, trabajadores de carga y descarga, transportistas, vendedores ambulantes y empleados comerciales forman parte de una economía cuyos ingresos dependen de esa circulación. Sobre esa realidad puso el eje el intendente Dante Velazquez, al advertir que las nuevas disposiciones de ARCA pueden afectar tanto al comercio minorista y mayorista como a las actividades informales vinculadas al intercambio.
El mandatario municipal sostuvo que las restricciones generan malestar y amenazan un proceso comercial construido durante décadas. Su planteo traslada la discusión desde los procedimientos aduaneros hacia sus consecuencias sociales: una reducción de las operaciones puede repercutir sobre numerosos trabajos que acompañan cada compra, traslado y entrega de mercadería. La inquietud alcanza especialmente a quienes obtienen ingresos diarios y cuentan con escaso margen para afrontar una interrupción de su actividad.
Frente a este escenario, Velazquez anunció que se avanzará en una mesa interinstitucional en La Quiaca, con participación del Gobierno provincial y representantes del sector. El objetivo será reunir argumentos económicos y sociales, delinear estrategias y gestionar una respuesta ante las autoridades nacionales. La iniciativa fue abordada durante el encuentro con el gobernador Carlos Sadir y la Cámara de Comercio, encabezada por Walter Cadena. Según la estimación aportada por el dirigente comercial, unas 3.500 familias dependen directa o indirectamente de esta actividad; se trata de una valoración sectorial, no de un relevamiento estadístico definitivo.
En ese contexto, es necesario precisar el alcance del alivio dispuesto por ARCA. La Resolución General 5914/2026, publicada el 22 de octubre, difirió dos prohibiciones incorporadas por la Resolución 5910: el egreso de trigo, soja y maíz en todas sus formas, y el de mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a diez kilogramos, o su equivalente en volumen. El plazo es de 120 días corridos contados desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigencia de la norma original. La propia agencia fundamentó esa aplicación diferida en cuestiones operativas y socioeconómicas de las zonas fronterizas.
La postergación no eliminó el límite de USD 150 diarios por poblador. Ese tope continúa aplicándose al valor de las mercaderías que egresan bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo; no constituye una prohibición general de comprar por encima de ese monto dentro de Argentina ni un límite universal para cualquier exportación. ARCA fundamenta los controles en evitar el fraccionamiento y los desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados, mientras recuerda que este régimen está destinado a necesidades personales y familiares, sin fines comerciales o industriales.
El desafío que plantea Velazquez será convertir la mesa de trabajo en una propuesta capaz de atender esa tensión: cumplir las exigencias aduaneras y preservar las fuentes de ingreso de la comunidad fronteriza. Para los trabajadores, la postergación parcial abre un tiempo de negociación, pero mantiene la incertidumbre sobre el volumen de actividad que podrán sostener. La respuesta que La Quiaca reclama deberá contemplar a toda la cadena laboral, especialmente a quienes viven del trabajo diario y necesitan reglas claras para continuar.
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