Velazquez endurece la defensa de la frontera: “O estamos unidos o terminaremos desapareciendo frente a intereses que no conocen nuestro territorio”

Dante Velazquez volvió a elevar el tono frente a la Resolución 5910 de ARCA y dejó claro que la suspensión parcial por 120 días no significa que las acciones judiciales hayan terminado. El intendente de La Quiaca impulsa una articulación regional que involucra a Jujuy, Salta y Misiones y prepara gestiones ante autoridades nacionales y el Congreso. Su argumento es político, jurídico y territorial: una resolución administrativa no puede, sostiene, desconocer derechos preexistentes, autonomías provinciales y municipales ni décadas de desarrollo económico construido en las fronteras. “Acá nos tienen que encontrar todos unidos”, advirtió.

La discusión por la Resolución 5910 dejó de ser un conflicto limitado al comercio fronterizo. Para Dante Velazquez, lo que está en juego es mucho más profundo: quién decide el futuro de las ciudades de frontera y bajo qué reglas pueden seguir viviendo las comunidades que las habitan. La Resolución General 5914 postergó por 120 días solamente la aplicación de las prohibiciones sobre granos y mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a diez kilogramos; la Resolución 5910 no fue derogada. La propia ARCA reconoció en la norma posterior que existen “cuestiones operativas y socio-económicas” y que deben evitarse afectaciones a los “usos y costumbres” de las zonas fronterizas. Ese reconocimiento oficial confirma algo que desde La Quiaca se viene diciendo desde el primer día: la frontera posee una realidad propia que no puede ser administrada como si fuera cualquier otro punto del territorio nacional.

Velazquez sostiene que las presentaciones judiciales continúan vigentes. En su exposición recordó que La Quiaca promovió un amparo colectivo solicitando el cese de la medida y que las acciones fueron llevadas ante la Justicia Federal. “Las presentaciones han sido efectuadas ante la Justicia Federal”, remarcó, al tiempo que destacó el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir y las gestiones desplegadas junto a comerciantes y representantes provinciales. La estrategia ahora busca ampliar la escala: el intendente habló de una defensa de la “regionalidad”, señaló que existen decenas de pasos fronterizos comprometidos y planteó una coordinación que involucre a Jujuy, Salta y Misiones, provincias donde una decisión nacional de esta naturaleza puede tener consecuencias económicas y sociales diferentes pero igualmente profundas.

El argumento jurídico de Velazquez merece atención. No plantea que una ciudad pueda desconocer por sí misma una norma nacional, sino que cuestiona que una resolución administrativa pueda vulnerar —según su interpretación— derechos protegidos por normas superiores. “Una resolución de una institución como ARCA no puede ser atentatoria en contra de lo ya establecido por leyes, e incluso de lo que establece la Constitución Nacional en lo que significa la libertad de trabajo”, afirmó. El propio marco normativo que ARCA cita reconoce en el artículo 578 del Código Aduanero que el régimen fronterizo debe adaptarse a las necesidades de los pobladores y a las distintas coyunturas económicas. Allí está el núcleo del reclamo: controlar es una potestad del Estado; desconocer la estructura económica y social de una frontera es otra cosa.

Velazquez introduce además una discusión que incomoda porque enfrenta dos modelos económicos. La Federación Argentina de la Industria Molinera celebró la Resolución 5910 bajo el argumento de que determinadas operaciones fronterizas afectan a exportadores y generan competencia desleal. El intendente respondió preguntando quién puede sostener que la actividad histórica de La Quiaca, Salvador Mazza o Aguas Blancas constituye una amenaza para “los grandes intereses” de la exportación. Allí aparece una tensión que no debería esconderse: si para proteger a grandes actores económicos se termina asfixiando a pequeñas economías fronterizas, el resultado puede ser la concentración del comercio y la desaparición progresiva de miles de actividades familiares. La cuestión no debería resolverse eligiendo entre exportadores y fronteras, sino construyendo una regulación capaz de ordenar ambos circuitos sin destruir al más débil.

La Quiaca tampoco llegó tarde a esta discusión. Velazquez recordó que el 5 de agosto de 2026 había presentado ante el Congreso una advertencia institucional sobre lo que consideraba riesgos para las autonomías provinciales y municipales y sobre la flexibilización de las zonas de frontera. Hoy relaciona aquella advertencia con la crisis abierta por ARCA. No es una coincidencia menor. Desde su perspectiva, cuando el Estado nacional modifica tierras, comercio, circulación o competencias fronterizas sin escuchar suficientemente a las comunidades afectadas, debilita la capacidad territorial de esas poblaciones. “Cuando una medida vulnera derechos ya consagrados en el crecimiento de décadas y décadas, hay que entender la historia de la ciudad de La Quiaca”, señaló.

El intendente también confirmó que se prepara una delegación con representación institucional de La Quiaca, del sector comercial y del Gobierno provincial para llevar el conflicto a Buenos Aires e interiorizar a los distintos bloques del Congreso. La intención es que el período de 120 días no se convierta en una cuenta regresiva hacia la reaplicación de las restricciones, sino en una ventana para conseguir su modificación definitiva. El propio texto de la Resolución 5914 demuestra que la suspensión sólo alcanza a determinados incisos y que la postergación tiene fecha de vencimiento. Por eso Velazquez insiste en que el expediente judicial, la negociación política y la articulación regional deben continuar simultáneamente.

Pero quizás la definición política más importante aparezca cuando Velazquez abandona el lenguaje jurídico y habla de comunidad. “Esto nos tiene que encontrar a todos unidos. Acá no se trata de una cuestión partidaria”, sostuvo. Esa frase resume el verdadero desafío. Una frontera dividida entre comerciantes, trabajadores, municipios, provincias y partidos políticos tiene escasa capacidad para enfrentar decisiones tomadas a miles de kilómetros. Una frontera que articula sus intereses puede transformar una protesta local en una agenda federal.

La disputa, entonces, no debe plantearse como La Quiaca contra la Nación. Debe plantearse como la necesidad de que la Nación conozca la Argentina que existe en sus extremos. Porque allí las leyes no se aplican sobre un mapa vacío: se aplican sobre familias, mercados ancestrales, trabajos cotidianos y ciudades cuya existencia misma está ligada al intercambio fronterizo.

Velazquez lo expresa desde una preocupación por el futuro: qué oportunidades quedarán para niños, adolescentes y jóvenes si una regulación termina eliminando la actividad de la que históricamente vivió la ciudad. “¿Para qué los estamos preparando si mañana tenemos que decirles que no se trabaja más?”, preguntó.

Ese interrogante es más profundo que la Resolución 5910.

O las fronteras argentinas son reconocidas como comunidades con derechos, autonomía, historia y economía propia, o terminarán subordinadas a decisiones diseñadas exclusivamente para los grandes circuitos de exportación.

La Quiaca eligió no resignarse. La Justicia sigue siendo una vía. La política, otra. La articulación de Jujuy, Salta y Misiones puede convertirse en la tercera. Y el mensaje que Velazquez intenta llevar a Buenos Aires es difícil de simplificar más: la frontera no pide privilegios; exige que nadie legisle sobre su futuro sin conocer primero cómo vive.