El Concejo de La Quiaca se suma al frente institucional contra la Resolución 5910 y respalda las gestiones de Velazquez

La defensa de La Quiaca frente a la Resolución 5910 dejó de ser solamente una batalla del Ejecutivo municipal. El Concejo Deliberante aprobó una adhesión institucional a las acciones judiciales, administrativas, políticas y diplomáticas impulsadas por el intendente Dante Velazquez, declaró la emergencia socioeconómica, comercial y laboral y reclamó al Gobierno nacional la derogación de la norma. El presidente del cuerpo, Hugo Barros, confirmó además que acompañará las gestiones en Buenos Aires. El dato político es relevante: frente a una medida que afecta a las ciudades de frontera y que fue recibida favorablemente por sectores de la industria molinera, La Quiaca empieza a responder con una posición institucional más amplia y coordinada.

La Resolución General 5910/2026 terminó produciendo algo que pocas veces consigue una medida administrativa nacional: reunir alrededor de una misma preocupación al Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante, al comercio y a buena parte de los trabajadores que dependen del movimiento fronterizo. Hugo Barros, presidente del cuerpo deliberativo de La Quiaca, explicó que desde hacía varios días los concejales venían observando las gestiones desarrolladas por el intendente Dante Velazquez y que entendieron que el Concejo no podía permanecer al margen de una situación que afecta a buena parte de la sociedad. La sesión especial terminó con la aprobación de un instrumento político contundente: adhesión expresa a las acciones del Ejecutivo, declaración de emergencia socioeconómica, comercial y laboral y un pedido formal de derogación de la Resolución 5910.

El contenido aprobado no deja margen para interpretaciones. El artículo primero respalda “todas y cada una de las acciones judiciales, administrativas, políticas y diplomáticas” desarrolladas y a desarrollar por Velazquez para obtener la derogación, nulidad o sustitución de la norma. El segundo declara la emergencia por los efectos sobre la actividad comercial, el empleo y la recaudación pública. El tercero exige al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y a ARCA la derogación inmediata y la apertura de una mesa de diálogo adaptada a la realidad de la vida fronteriza. Finalmente, el cuarto dispone que el Concejo acompañe al intendente en las negociaciones nacionales e internacionales. Barros resumió la decisión de manera inequívoca: “El respaldo desde el Concejo hacia el intendente en estas gestiones va a ser al 100%”.

La discusión adquiere todavía más profundidad cuando se observa quiénes defendieron públicamente las restricciones. La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) informó el 9 de octubre que la Resolución 5910 daba respuesta a un planteo que la entidad venía realizando ante la Dirección General de Aduanas para combatir la comercialización informal de harina en la frontera. El dato obliga a precisar el conflicto: no puede hablarse genéricamente de “todas las cerealeras”, pero sí existe una posición explícita de un importante sector de la industria molinera nacional favorable a mayores restricciones. Desde La Quiaca, en cambio, el argumento es que una herramienta pensada para proteger circuitos comerciales de mayor escala no puede terminar destruyendo un ecosistema de pequeñas actividades que sostiene a miles de familias. La propia ARCA reconoce que el régimen fronterizo debe adaptarse a las necesidades de los pobladores y a las distintas coyunturas económicas, principio incorporado en los fundamentos de la Resolución 5910.

Ese contraste explica por qué la adhesión del Concejo tiene un significado superior al de una mera declaración política. La Quiaca está construyendo una defensa institucional del territorio. La Resolución 5914 postergó por 120 días parte de las restricciones —las vinculadas a granos y a envases de diez kilos o más— y ARCA reconoció expresamente razones “operativas y socio-económicas” y la necesidad de no afectar los “usos y costumbres” de las zonas fronterizas. Pero la prórroga no resuelve el problema. Barros fue enfático al señalar que la preocupación está puesta en lo que ocurrirá una vez vencido ese plazo y sostuvo que el objetivo debe ser la derogación definitiva. “Son 120 días; si esto sigue, no sirve de nada”, planteó, al explicar que el Concejo decidió sumarse a las acciones que ya desarrollan el intendente, la Cámara de Comercio y el Gobierno provincial.

La importancia de esta unidad institucional radica en que la disputa ya no gira solamente alrededor del mayorista que vende harina o del comerciante que factura una operación. Detrás de ese movimiento existe una cadena de estibadores, trabajadores de carros de mano, fleteros, taxistas, depósitos, pequeños proveedores y familias que viven del ingreso diario. Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio local, estimó recientemente que alrededor de 3.500 familias dependen directa o indirectamente de la actividad fronteriza. Barros utilizó una definición similar al explicar que no se está defendiendo únicamente a comerciantes, sino a familias y fuentes laborales. Por eso valoró el trabajo conjunto entre el gobernador Carlos Sadir y Velazquez y sostuvo que el Concejo debía incorporarse necesariamente a esa estrategia.

Lo que comienza a configurarse en La Quiaca es, por lo tanto, una disputa entre dos perspectivas económicas. Desde los grandes sectores industriales se reclama evitar desvíos de mercadería y proteger circuitos formales de exportación; desde las ciudades fronterizas se advierte que una regulación uniforme puede desarmar mecanismos de intercambio que forman parte de su estructura económica histórica. No son necesariamente intereses irreconciliables, pero requieren una normativa mucho más inteligente que una prohibición general. El verdadero desafío del Estado nacional consiste en combatir la ilegalidad sin convertir en víctima a la economía legal de frontera.

En ese escenario, la adhesión del Concejo Deliberante fortalece una posición que hasta hace pocos días aparecía encabezada principalmente por el Ejecutivo municipal. Ahora existe una resolución legislativa local, un amparo judicial, una Cámara de Comercio movilizada, acompañamiento provincial y una agenda de reuniones nacionales. Barros confirmó que una comitiva viajará a Buenos Aires junto al intendente y representantes provinciales para continuar las gestiones. La Quiaca empieza así a transformar una reacción defensiva en una estrategia política: judicializar, negociar, construir respaldo territorial y exigir que la Nación reconozca que las fronteras no pueden regularse exclusivamente desde los intereses de los grandes actores económicos.

La señal que deja el Concejo es significativa. Cuando la supervivencia económica de una ciudad está en juego, la división partidaria pierde sentido frente a la defensa del territorio. El debate ya no consiste simplemente en acompañar o no a Dante Velazquez. Consiste en decidir si La Quiaca acepta que terceros definan cómo debe funcionar su economía histórica o si construye, desde sus instituciones, una posición capaz de sentarse frente a Nación y discutir de igual a igual una normativa que condicionará su futuro.