La Quiaca, 4 de marzo del 2026 // Mientras la Ruta Nacional 9 se deshace y multiplica accidentes, roturas y costos logísticos, el intendente Dante Velázquez llevó el reclamo a CABA ante legisladores y autoridades nacionales: la frontera no puede quedar aislada. La incoherencia es intolerable: la gente paga impuestos, el transporte paga impuesto a los combustibles, pero Nación anula obra y mantenimiento. En términos prácticos, no es “abandono”: es un desvío de recursos y una ruta que se volvió arma.

La Ruta Nacional 9 no es un camino: es la columna vertebral del Norte. Une producción, turismo, salud, educación, comercio y frontera. Para La Quiaca, además, es la puerta de entrada y salida de todo: pasajeros, mercadería, camiones, ambulancias, estudiantes, fuerzas de seguridad y la economía que se juega en el borde del país. Y sin embargo, hoy esa arteria estratégica está enferma, degradándose día a día, convertida en un campo minado de baches que arruinan vehículos, encarecen el transporte y, lo más grave, empujan a accidentes que en algunos casos terminan en tragedia.

Por eso el viaje del intendente Dante Velázquez a CABA no es un gesto protocolar: es una gestión de supervivencia institucional. Fue a poner en la mesa, cara a cara, lo que el NOA viene gritando hace años: la Ruta 9 es jurisdicción nacional, por lo tanto la Provincia no puede intervenir y el Municipio mucho menos. El problema es que cuando el dueño de la ruta se borra, el daño no se reparte: se concentra. La Quiaca paga el costo completo del abandono porque vive del tránsito, de la conectividad y del vínculo frontera–centro. Y sin ruta, no hay frontera competitiva; hay encierro.

Los testimonios cotidianos ya no son quejas: son diagnóstico técnico en primera persona. Choferes que recorren el tramo todos los días lo describen sin vueltas: “es un desastre”, “hay vuelcos”, “los turistas se llevan la sorpresa”, “podés matar a alguien”. Y cuando un bache te “come” el auto, lo primero que se destruye es el tren delantero: llantas, gomas, amortiguadores, suspensión. Repuestos carísimos, unidades paradas, empresas que pierden plata, pasajeros que viajan con maniobras bruscas para esquivar cráteres que un día están… y al siguiente son más grandes o aparecen nuevos. Lo que era movilidad hoy es riesgo operativo permanente.
Ruta 9 en estado crítico: La Quiaca viaja sobre cráteres y la Puna paga el precio del abandono

Pero el núcleo duro del reclamo de Velázquez es político y moral: si se cobra, se cumple. Los ciudadanos pagan impuestos. El transporte paga el impuesto a los combustibles. El Estado recauda para sostener infraestructura vial. Si se anula la obra y hasta el mantenimiento básico, no es austeridad: es incumplimiento. Y cuando esa omisión deriva en siniestros, ya no hablamos de “mal estado”: hablamos de responsabilidad. Una ruta sin mantenimiento se transforma en un arma silenciosa: no dispara balas, pero dispara consecuencias. Y cada choque, cada vuelco, cada cubierta reventada, cada familia detenida al costado de la ruta por un tajo en la goma es el mismo mensaje: el Estado nacional está ausente donde debería ser inevitable.

El punto estratégico que vuelve todo más urgente es la Zona Franca. Se la anuncia como motor de desarrollo, atracción de inversiones y dinamización comercial. Perfecto. Pero ¿con qué logística? ¿Con qué accesibilidad? ¿Con qué garantía de tránsito seguro? No se puede vender al país y al mundo una frontera moderna con una ruta devastada. Es una contradicción brutal: se promete competitividad mientras se sostiene el cuello de botella más dañino. La Zona Franca, sin Ruta 9 en condiciones, nace con lastre.
Entonces, ¿qué pide Velázquez en CABA? Algo racional y ejecutable: que Nación asuma su jurisdicción y habilite una solución real, con cronograma, presupuesto y control. Y si el Estado nacional no quiere o no puede ejecutar, que al menos permita un esquema de intervención excepcional: convenio con Provincia, participación de empresas (mineras, logística, transporte), fideicomiso vial trazable, o un mecanismo transparente donde el impuesto que ya se cobra vuelva a la ruta. Porque si el diseño actual produce abandono, entonces el diseño actual es parte del problema.
La Quiaca no está pidiendo un lujo: está pidiendo que la Argentina no se corte por el Norte. En momentos donde el país discute competitividad, exportaciones, logística y frontera, dejar caer la Ruta 9 es pegarse un tiro en el pie… y pedirle al ciudadano que pague la bala. El intendente hizo lo que corresponde: ir al centro del poder a exigir lo básico. Ahora el resto es responsabilidad del Estado nacional: o repara la arteria, o admite que está rompiendo el país por donde más necesita sostenerlo.
