La suspensión por 120 días de la Resolución 5910 no desactivó el reclamo social en La Quiaca. Comerciantes, taxifleteros, estibadores, trabajadores de carros de mano y organizaciones vinculadas al movimiento fronterizo marcharon este jueves para exigir una solución de fondo. La protesta contó además con una fuerte presencia de trabajadores de Villazón, una señal de que la economía de frontera funciona como un solo ecosistema a ambos lados del puente internacional.
La Quiaca vivió este jueves una movilización que trascendió ampliamente al comercio. Aunque ARCA comunicó la postergación por 120 días de los cambios introducidos por la Resolución General 5910/2026, comerciantes y trabajadores decidieron mantener la marcha prevista para visibilizar el impacto que la medida produjo en apenas unos días sobre una economía profundamente dependiente del movimiento fronterizo. La resolución había entrado en vigencia el 10 de octubre y fijaba, entre otras restricciones, un límite diario de 150 dólares por poblador, la prohibición de determinados granos y restricciones para mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilos o más.
La postergación fue anunciada en la noche previa a la marcha, tras la presentación judicial de una cautelar por parte del intendente de la ciudad de La Quiaca Dante Velazuqez y abre un período de cuatro meses para revisar la implementación del régimen y discutir sus efectos sobre las ciudades de frontera. La decisión llegó en un contexto de creciente presión institucional y judicial: la Municipalidad de La Quiaca había presentado un amparo contra la Resolución 5910, mientras los municipios salteños de Aguas Blancas y Salvador Mazza también habían recurrido a la Justicia Federal solicitando medidas cautelares para suspenderla, las presentaciones judiciales, los reclamos provinciales y la presión de las comunidades fronterizas precedieron la decisión de ARCA de abrir esta tregua de 120 días.
La marcha tuvo un componente regional especialmente significativo. A la movilización de comerciantes, taxifleteros, estibadores y trabajadores quiaqueños se sumó un importante contingente de trabajadores de carros de mano provenientes de Villazón, además de los locales de esa formalidad, porque la modalidad laboral atraviesa diariamente ambas ciudades. Elizabeth Albizu, presidenta de la Asociación de Estibadores Coronel Arraya, destacó que la organización reúne trabajadores argentinos y bolivianos y valoró la unidad construida alrededor del reclamo. “No solamente en La Quiaca: también somos perjudicados nosotros”, explicó al describir cómo la restricción alteró el movimiento cotidiano de ambos lados de la frontera. La protesta dejó así una imagen poderosa: mientras la regulación fue dictada desde Buenos Aires, sus efectos se hicieron sentir simultáneamente en La Quiaca y Villazón.
La decisión de marchar pese a la suspensión temporal también tiene una explicación política y social. Los trabajadores entienden que 120 días no equivalen a una solución definitiva. El verdadero desafío será utilizar ese período para explicar a Nación cómo funciona una economía fronteriza donde cada operación comercial moviliza una cadena completa de servicios: carritos de mano, estibadores, taxifleteros, depósitos, pequeños comercios, gastronomía y transporte. Lo ocurrido durante los primeros días de vigencia de la Resolución 5910 mostró con crudeza que cualquier modificación del régimen repercute inmediatamente sobre miles de ingresos familiares. Esa es la realidad que las organizaciones pretenden llevar ahora a las mesas de trabajo prometidas durante el período de suspensión.
La movilización expresa además una conclusión que empieza a unir a sectores políticos, empresarios y trabajadores de ambas fronteras: controlar no puede significar paralizar. Las ciudades limítrofes reclaman controles efectivos contra los pasos ilegales, pero al mismo tiempo piden que el circuito formal pueda continuar funcionando bajo reglas compatibles con su realidad económica y social. La Quiaca salió a la calle no porque la suspensión de ARCA carezca de valor, sino precisamente porque entiende que esta tregua debe convertirse en una oportunidad para conseguir una regulación duradera. El mensaje hacia Buenos Aires es claro: la frontera no pide ausencia del Estado Nacional; pide que el gobierno de Javier Milei conozca cómo vive, trabaja y comercia antes de decidir sobre ella.
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