“Violentos” Intendente K y esposa funcionaria, desalojan impunemente a dos mujeres

Jujuy 30 de diciembre 2021 // El día martes 21 de diciembre del presente año; el Intendente de la ciudad de La Quiaca Blas Gallardo, el mimado del medio nacional C5N, junto a su esposa, quien es Jefa de Gabinete Egle Borreda; encabezaron un procedimiento arbitrario; desalojando a dos mujeres de un local municipal que la familia alquilaba a la institución hace más de 40 años; la tradicional panadería Copacabana.

Estos días se produjo la viralización de un video, donde se constata el abuso de poder, tanto de la máxima autoridad de la ciudad quiaqueña; como de sus funcionarios. El Intendente además amenaza a la madre de la titular del local: “sos empleada municipal, abstenete a las consecuencias”, por su parte Borreda la increpa, ante la intervención de Soledad Rodriguez: «no le falte el respeto a mi mamá»; la Jefa de Gabinete le contesta «Te lo faltó a vos entonces».

Gallardo, su esposa y otros funcionarios tienen varias denuncias por abuso de autoridad y violencia contra las mujeres; son parte de un sistema que el kirchenrismo ha  instalado en La Quiaca, el cual oprime y avasalla a las mujeres impunemente; pues desde Radio Nacional se intentó hasta hace unas semanas construir la imagen de un intendente originario “el heredero de Milagro”; objetivo que llevó al medio público a perder el 80% de su histórica audiencia, procediendo las autoridades de Radio Nacional tras el fracaso a reemplazar al director, ya que padecieron el rechazo de sus oyentes, ante la falacia.

Llama la atención que nadie hasta la fecha haya obrado para aplicarles una sanción, resultando inútiles las disposiciones que protegen los derechos de las mujeres, las cuales se crearon para erradicar cualquier tipo de violencia.

LEY N° 26.485 DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES

 ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Las instituciones que deberían actuar, miran para otro lado, nos referimos al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de La Nación y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Tampoco el Concejo Deliberante; órgano, este último, que tras haber recibido la capacitación que impone la Ley Micaela, puede aplicar sanciones correctivas.

Los hechos son irrefutables; en el video se logra constatar la consumación de varios delitos. El municipio tras el escándalo que generó la viralización del material audiovisual, ofreció una conferencia de prensa, donde sus funcionarios justificaron el operativo en base a supuestas irregularidades de la titular del local Soledad Rodriguez; naturalizando la violencia como recurso de gestión –hecho punible- que los convierte en cómplices por omisión, según el imperio de la ley.

Las argumentaciones expuestas por los funcionarios municipales, no merecen ser sopesadas; lo debe hacer la justicia; son demasiado débiles e impropias ante el delito cometido, del cual ahora son cómplices; la violencia ejercida que incluye violencia de género, el abuso de autoridad (además de gritar y amenazar, el propio intendente arrebata la balanza que usaban en la panadería) y la consumación de procedimientos irregulares administrativos, merecen un ¡¡¡basta!!!.

En La Quiaca se echaron mujeres de puestos laborales para favorecer familiares del poder; se instó al exterminio de autoridades que no pensaban como ellos, se linchó mediáticamente (además de insultos y escupitajos) a una concejala por intentar cumplir con sus obligaciones, se realizaron varios desalojos y atropellos sobre mujeres en otros locales pertenecientes al municipio; a pesar de cuyas denuncias, nunca hubo ni siquiera un llamado de atención.

La impunidad genera impotencia y zozobra en la comunidad; para colmo desde las oscuras líneas internas que constituyen los pilares del poder en ese municipio, hacen trascender cobardemente, que irán por aquellos periodistas y medios díscolos, según su criterio; callarán a aquellos que desnudan el autoritarismo y el maltrato; sin acusar ningún dirigente de estas organizaciones sociales, una mota de valor para decirle a sus superiores, ¡¡¡paren la mano!!!, con las mujeres NO.