La Quiaca reactivará la oficina de la OPD junto a Provincia: una decisión clave para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes

El convenio será firmado con el intendente Dante Velázquez y permitirá poner nuevamente en funcionamiento la Oficina de Protección de Derechos con un equipo interdisciplinario, articulación con instituciones y presencia territorial en la ciudad y la ruralidad.

La Quiaca, 13 de abril del 2026 // La Quiaca dará un paso importante en materia de protección integral al reactivar la oficina de la OPD en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. La firma del convenio con el intendente Dante Velázquez marcará el inicio de una nueva etapa para fortalecer la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la ciudad fronteriza.

La novedad fue confirmada por Analía Mur, directora de Desarrollo Social del municipio quiaqueño, quien destacó que ya se concretó una reunión previa con la ministra y con el equipo de la dirección de OPD. Según explicó, la decisión política del Ejecutivo municipal apunta a brindar todo el soporte necesario para que la oficina vuelva a estar en funcionamiento con las condiciones adecuadas y con personal profesional para conformar un equipo interdisciplinario.

“Muy contentos de poder reactivarlo”, expresó Mur, al remarcar que esta medida responde a una visión del intendente Dante Velázquez centrada en la colaboración institucional y en la necesidad de reforzar las herramientas de protección para la infancia y la adolescencia.

La funcionaria señaló además que durante la jornada se avanzó en la evaluación de los espacios disponibles para el funcionamiento de la oficina, entendiendo que se trata de una demanda concreta y urgente. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, explicó, muchas situaciones se vienen atendiendo con recursos propios y con el trabajo cotidiano del equipo municipal, pero la reapertura formal de la OPD permitirá una intervención más integral, más específica y con mayor respaldo técnico y legal.

Mur remarcó que uno de los desafíos centrales será evitar que la oficina quede limitada a recibir casos puertas adentro. Por el contrario, sostuvo que la meta es desplegar un trabajo activo hacia afuera, con llegada a las escuelas, reuniones con directivos, presencia en los barrios y contacto directo con las familias, para que la comunidad conozca sus derechos y también el alcance real de esta herramienta institucional.

En ese sentido, advirtió que existe todavía mucha desinformación en torno a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que la nueva etapa de la OPD deberá tener también un fuerte componente preventivo, pedagógico y comunitario. La intención es que el organismo no solo intervenga ante la vulneración, sino que también contribuya a generar información, acompañamiento y respuestas tempranas.

La directora de Desarrollo Social insistió en que el trabajo deberá sostenerse con una articulación permanente entre distintas áreas e instituciones, entre ellas el hospital, las escuelas y los equipos municipales. Esa coordinación, afirmó, será clave para brindar soluciones concretas a las familias y dar seguimiento a cada situación de manera responsable.

Otro aspecto destacado por la funcionaria fue la necesidad de ampliar la cobertura hacia la ruralidad y el ejido municipal. Si bien muchas veces la demanda queda concentrada en la ciudad de La Quiaca, también existen casos de vulneración de derechos en sectores alejados, donde el Estado debe llegar con la misma responsabilidad y compromiso.

Para el municipio, la reactivación de la OPD representa así una muy buena noticia para toda la comunidad. No solo porque permitirá recuperar un espacio institucional necesario, sino también porque refuerza una política pública que pone en el centro a la niñez y la adolescencia, con una mirada integral, territorial e intersectorial.

Con esta decisión, la gestión de Dante Velázquez vuelve a mostrar una línea de trabajo basada en la articulación con la Provincia y en la construcción de respuestas concretas para los sectores más sensibles de la comunidad. En una ciudad de frontera, donde las complejidades sociales exigen presencia activa del Estado, el regreso de la OPD aparece como una herramienta fundamental para acompañar, contener y garantizar derechos.