La Quiaca: Raúl Monzón pidió la intervención de Sadir y la Legislatura por el conflicto de un terreno en barrio Centro

El presidente del barrio Centro de La Quiaca, Raúl López Monzón, brindó una extensa conferencia de prensa para exponer una cronología del conflicto por un terreno que, según sostiene, debe tener destino público para la comunidad. En ese marco, cuestionó la compra presentada por el actual concejal Gustavo Farfán, pidió intervención del gobernador Carlos Sadir, la Legislatura, el municipio y el Concejo Deliberante, y solicitó avanzar con una expropiación que ponga fin al desgaste institucional y vecinal.

La Quiaca. El conflicto por un terreno ubicado en el barrio Centro de La Quiaca volvió a tomar estado público luego de una extensa conferencia de prensa brindada por Raúl López Monzón, presidente del centro vecinal del sector. El dirigente barrial decidió exponer ante los medios una cronología de los hechos, las actuaciones realizadas y los argumentos con los que sostiene que el predio debe ser preservado para uso comunitario y no quedar en manos privadas.

Monzón explicó que decidió hablar públicamente porque, según afirmó, las denuncias iniciadas por el actual concejal Gustavo Farfán recaen directamente sobre su persona. Señaló que fue denunciado por una demanda de despojo y también ante el Juzgado Contravencional, situación que le generó gastos, traslados y un desgaste que considera excesivo para un vecino que, según remarcó, actúa en representación de un barrio y no en defensa de un interés personal.

El presidente barrial insistió en que el conflicto “no es político” y que la comisión habría actuado del mismo modo frente a cualquier persona que intentara ocupar el predio. Sin embargo, consideró que la situación se agrava porque Farfán es actualmente concejal de La Quiaca y, por su función pública, debería tener una conducta especialmente cuidadosa frente a una disputa que involucra ordenanzas, derechos posesorios, presuntas compraventas y un posible destino público del inmueble.

Desde una mirada jurídica, el eje central del conflicto parece pasar por la diferencia entre poseer, comprar por boleto o contrato de compraventa, tener título perfecto y poder acreditar derechos suficientes sobre un inmueble. Monzón sostuvo que Farfán no habría exhibido un título de propiedad inscripto, sino contratos de compraventa y cesiones de derechos posesorios cuya validez y alcance, según afirmó, deben ser revisados. En estos casos, la cuestión no se resuelve solo con la existencia de papeles privados: importa la cadena dominial, la inscripción registral, la posesión efectiva, continua y pacífica, y la eventual existencia de herederos o titulares legítimos.

Monzón afirmó que, según un estudio de título solicitado por el barrio, el único titular registral histórico sería Mariano Sosa, con inscripción que dataría de 1908. A partir de allí planteó una serie de interrogantes: si el titular original falleció, si existen herederos forzosos, si hubo transferencia válida, si el bien podría considerarse vacante, si correspondía una expropiación con fines de utilidad pública y si las compraventas posteriores pueden sostenerse jurídicamente. Todos esos puntos, por su complejidad, requieren intervención institucional y eventualmente judicial, ya que involucran dominio, posesión, sucesiones, mensura y registración.

El dirigente también cuestionó la forma en que, según su relato, se habría intentado tomar posesión del predio. Sostuvo que el ingreso se habría realizado con varias personas, tarimas y alambres, sin una demostración clara y pacífica de titularidad. Para Monzón, esa conducta resulta incompatible con una posesión tranquila y con la actitud que debería tener un comprador que cuenta con documentación sólida. Además, aseguró que el propio planteo de despojo realizado por Farfán mostraría que la disputa no estaría centrada en un título pleno, sino en una discusión por la posesión.

Otro punto señalado por Monzón fue la existencia de la ordenanza 37/2016, que según explicó declaró o impulsó un destino público para el predio, aunque habría quedado pendiente su continuidad ante la Legislatura para completar el proceso de expropiación. Allí aparece una responsabilidad institucional más amplia: si el Concejo Deliberante aprobó una norma con un fin comunitario, el municipio, los concejales y la Provincia deberían revisar el estado real del expediente, determinar si la ordenanza sigue teniendo efectos o si corresponde promover una nueva herramienta legal.

Por eso, Monzón pidió públicamente el acompañamiento de la sociedad y la intervención de las autoridades. Reclamó que el caso sea conocido por el gobernador Carlos Sadir, por la Legislatura de Jujuy, por los diputados, por el municipio, por el Concejo Deliberante y por la Policía. Según expresó, el barrio no busca apropiarse de un terreno ni obtener beneficios personales, sino defender un espacio que entiende como público y destinado al bien común de los vecinos de La Quiaca.

El presidente barrial también convocó a Farfán a reflexionar. Planteó que el concejal aún estaría a tiempo de retirar las denuncias, retirar el camión y las tarimas del predio, revisar la documentación con quienes le habrían vendido y presentarse, si correspondiera, como comprador de buena fe afectado por una operación irregular. Para Monzón, ese camino permitiría bajar la tensión, devolver paz al barrio y evitar que el conflicto siga escalando política, judicial e institucionalmente.

El caso deja planteada una discusión de fondo: qué ocurre cuando un inmueble abandonado durante décadas, con aparente interés comunitario y con antecedentes normativos locales, aparece luego involucrado en operaciones privadas cuestionadas por vecinos. La respuesta no puede quedar librada al desgaste personal de un presidente barrial ni a una disputa entre particulares. Si hay dudas sobre titularidad, posesión, mensura, cesiones, compraventas o destino público, deben intervenir las instituciones competentes para ordenar el expediente, proteger derechos y dar certeza jurídica.

La Quiaca necesita que este conflicto tenga una salida clara, transparente y ajustada a derecho. Monzón asegura que presentará la documentación de manera ordenada y cronológica ante los medios y las autoridades. Ahora, el desafío será que el Estado provincial, la Legislatura, el municipio y el Concejo Deliberante revisen los antecedentes y definan si corresponde avanzar con la expropiación, preservar el predio para uso público o resolver la controversia por las vías judiciales pertinentes. Lo que no puede continuar, según el planteo barrial, es una situación indefinida que desgasta a los vecinos, tensiona a las instituciones y mantiene en disputa un espacio central para la comunidad.