La situación de los migrantes hondureños en medio de la pandemia es acuciante. Pero los Estados no los protegen, ni crean políticas que los ayuden a permanecer en su país. Organismos de DD.HH. piden soluciones.
Son escenas que impactan, sobre todo en un mundo en pandemia: una caravana de unos 9.000 hondureños marcha hacia Guatemala en dirección a Estados Unidos. Cerca de 6.000 de ellos logra cruzar el punto fronterizo de El Florido, en Camotán, Guatemala, y allí son frenados a golpes de palos y con gas lacrimógeno por efectivos del ejército guatemalteco. Entre los migrantes hay mujeres y niños. Algunos logran traspasar los cordones de las fuerzas de seguridad y siguen avanzando, dejando sus escasas pertenencias tiradas en el camino. Ahora, México refuerza el blindaje de su frontera en Chiapas, y en el Puente Internacional Rodolfo Robles, entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán. La Guardia Nacional mexicana desplegó sus soldados a orillas del río Suchiate, en la frontera sur del país, para impedir la llegada de más migrantes.
Las razones para inmigración ilegal desde Honduras son conocidas: la violencia, la pobreza -exacerbada por dos huracanes, Eta e Iota, que devastaron el país en 2020-, la corrupción ingente en el gobierno y el caos en el manejo de la pandemia de coronavirus en ese país. En Honduras se registran a la fecha (18.01.2020) 3.354 muertos por COVID-19, y 143.111 contagios. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su hermano están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Atraídos por el cambio de administración en Estados Unidos, y la posibilidad de un giro en las políticas migratorias bajo el gobierno de Joe Biden, miles de hondureños tomaron, una vez más, la decisión de abandonar su país en busca de mejores condiciones de trabajo, salud y educación.
