La Quiaca 15 de febrero del 2022// La semana pasada el Intendente de la ciudad de La Quiaca Blas Gallardo posteo en su cuenta oficial, los pagos ya percibidos por el municipio tras el desconsiderado impuestazo, el cual resultó confiscatorio para miles de familias humildes.
Gallardo aseguró que el 40% ya abonó el ABL, al haber impuestos con una expansión exponencial de los tributos (hasta 1.300%) se estima que recaudó, más de 20.000 millones de pesos hasta la fecha, siempre que el Intendente no haya recurrido a otra mentira. Los montos deberían verse al menos plasmados en anuncios con sus respectivas carpetas de costos, si es que los concejales oficialistas se dignarán a ejercer las facultades atinentes a su representación.
Varias obras locales se encaran con aportes solidarios de vecinos, fondos nacionales se remiten al poder ejecutivo cada tanto, como también partidas y asistencias incluidas en programas federales; hechos consecuentes quisiéramos asegurar, de infinitos viajes realizados sin destinos comprobables por ausencias de rendiciones de viáticos. Blas Gallardo es el intendente que más se ausentó del despacho del municipio, prácticamente permaneció afuera de la ciudad durante toda su gestión, siendo el gestor local el Secretario de Gobierno Hugo Chavarría.
Se advierte la prisa por ofrecer una gestión con cierto grado de aprobación para recuperar preferencias en el electorado, el cual en su mayoría ya le dio la espalda, situación que desesperación, estamos a solo un año de las elecciones a intendente, ya que hasta ahora habría adelantamiento para abril del 2023.
Gallardo mete la mano al bolsillo de los quiaqueños, no solo para dar las soluciones que la nación no le brinda; además para ampliar la estructura política que le permita soñar con otro mandato, aumentando irresponsablemente el gasto público.
La actual desprolijidad es consecuencia de la incondicionalidad de los concejales oficialistas, quienes a falta de expertiz y escrúpulos, desconocen que Blas Gallardo luego que deje su mandato deberá enfrentar el juicio por residencia, dónde las rendiciones de cuentas deberán encajar con los límites de los hechos jurídicos; quedando fuera de lugar procedimientos irregulares que no podrán justificar actuaciones ilegales, las cuales tomarán como cómplice al CD.
