La Quiaca 15 de marzo del 2022 // Finalmente, la acción pública de miles de vecinos movilizados ante un ajuste impositivo desproporcionado, se presentará ante La Justicia para solicitar la derogación de la ordenanza tributaria que grabó a los vecinos quiaqueños aumentos de hasta 1300%.
La actual gestión fue fagocitada por errores propios; en materia fiscal llegó a arrestar a un vecino, acusado de usar indebidamente su propia vereda, en una caprichosa interpretación de la Jueza de Faltas, realizaron desalojos violentos y ejercieron violencia de género en más de una ocasión.
Sin embargo, el impuestazo, negado en un principio por el poder ejecutivo, y también por los concejales oficialistas; luego aceptado y defendido por ellos, resultó una estafa a la fé pública; por los contrastes de sus argumentaciones.
En La Quiaca, los gobernantes, se pusieron primero los zapatos luego las medias; al aprobar la ordenanza tributaria y luego el presupuesto 2022, el cual representa $55.000 pesos por cada quiaqueño.
El municipio aprobó un presupuesto anual de casi 900 millones de pesos, donde incorporaron “erogaciones para satisfacer una ordenanza de salud pública para el control poblacional de mascotas”; a la propuesta original presentada en el Concejo Deliberante por la organización proteccionista “Patitas Frías” que describía acciones que insumían para la ejecución de tan aclamada política pública: $1,2 millones de pesos; la elevaron a siete millones; para luego vetar la ordenanza, quedando tal proyección en una nebulosa.
Las inconsistencias, no solo son argumentativas, también lo son en aspectos jurídicos, por lo cual los vecinos avanzan en la justicia para protegerse ante el inminente daño económico por las imposiciones del ejecutivo; los vecinos también buscan evitar una conmoción en los ánimos, accionando contra la eliminación de ordenanzas gestadas por consensos construidos en esmerados procesos de concientización social.
Así las cosas, el rechazo a la gestión del actual intendente se afianza, encuestas realizadas en redes sociales, espacio elegido habitualmente por el Intendente para expresarse; señalan anticipadamente un final de ciclo, dada la abrumadora condena social a sus actos de gobierno.
La última semana el Intendente decidió responsabilizar al periodismo, al que llamó “ruin” como agente opositor, empeñado en desestabilizar la gestión, afirmaciones que se desvanecen en los oídos del sentido común, ya que Blas Gallardo no es capaz de conceder una sola entrevista abierta.
