Repudio institucional al accionar violento del concejal electo Gustavo Farfán

La presidenta del Concejo Deliberante, Lic. Mirtha Moscoso, condenó públicamente el intento de usurpación de un predio público en el barrio Centro.

Un grave episodio de violencia se registró en La Quiaca cuando el concejal electo Gustavo Farfán protagonizó —a través de sus empleados— la ocupación ilegal de un terreno asumido por los vecinos como espacio público, ubicado en las calles Balcarce y Suipacha.

La acción, que derivó en forcejeos, agresiones y disturbios, generó un fuerte rechazo social e institucional, ya que el hecho fue impulsado por un dirigente que aún no asumió su banca y que, en palabras de la presidenta del Concejo Deliberante, “debería ser ejemplo de responsabilidad, no de abuso de poder”.

Mirtha Moscoso: “Un concejal electo no puede generar violencia ni avasallar derechos”

En declaraciones exclusivas a La Quiaca Noticias, la Lic. Mirtha Moscoso, presidenta del Concejo Deliberante, repudió de manera categórica la conducta de Farfán y anunció que el cuerpo deliberativo tomará intervención formal ante la gravedad del caso.

“El Concejo Deliberante ya tiene conocimiento de esta situación. Estamos hablando de una figura pública, de un concejal electo, que ha procedido de manera inaceptable. El intento de usurpar un terreno que pertenece al municipio constituye un hecho gravísimo que daña la convivencia y la institucionalidad”, sostuvo Moscoso.

La edil recordó que el terreno en cuestión está alcanzado por una ordenanza municipal vigente desde 2016, durante la gestión del exintendente Miguel Ángel Tito, que lo declara espacio verde y de uso público para el barrio.

“Si el señor Farfán cree tener derecho sobre ese predio, debe presentar documentación legal y acreditada. Hasta el momento no existe ninguna prueba de propiedad. Lo que hay es una ocupación de hecho, violenta, y eso constituye usurpación”, afirmó Moscoso.

Un hecho violento y un precedente peligroso

Durante el intento de ocupación, los empleados de Farfán descargaron materiales y cercaron el perímetro, provocando la reacción inmediata de los vecinos, quienes denunciaron la situación ante la policía y medios locales.
Testigos registraron empujones, amenazas y agresiones, en una escena que se tornó caótica en minutos.

“Este tipo de hechos no solo son ilegales, son moralmente inaceptables. Un concejal electo no puede, antes siquiera de asumir, generar enfrentamientos entre vecinos ni hacer abuso de su posición económica y política”, enfatizó la presidenta del Concejo.

Moscoso advirtió además que permitir este tipo de acciones abriría la puerta a la anarquía urbana y al despojo de espacios comunitarios, instando a las autoridades judiciales a actuar con celeridad.

Investigación sobre la supuesta venta y complicidades políticas

La titular del Concejo también confirmó que existen antecedentes sobre maniobras irregulares de venta del mismo predio durante la gestión del exintendente Blas Gallardo, e incluso la presunta participación de una exfuncionaria municipal en esa operatoria.

“La irregularidad viene desde hace años. Durante el gobierno de Gallardo ya se había publicado en redes la venta de este terreno. Es necesario que la Justicia investigue y determine responsabilidades. La comunidad de La Quiaca no puede ser rehén de intereses personales ni de operaciones fraudulentas”, señaló.

El Concejo acompañará las denuncias vecinales

Moscoso confirmó que el Concejo Deliberante respaldará las denuncias presentadas por los vecinos y actuará mediante oficios formales para esclarecer los hechos y garantizar la protección del espacio público.

“Con papeles en mano y denuncias hechas, podremos accionar institucionalmente. Pero más allá de eso, este hecho nos interpela a todos: no podemos permitir que un representante electo inicie su gestión violando la ley y el respeto por su comunidad”, concluyó.

Conclusión: Un mensaje claro contra la impunidad

El episodio deja al descubierto una inconducta grave e incompatible con el rol de un funcionario electo.
El accionar de Gustavo Farfán no solo generó violencia y desorden, sino que compromete la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones.

La comunidad quiaqueña, unida a sus autoridades legítimas, exige transparencia, legalidad y respeto, valores que deben regir a quienes aspiran a representar al pueblo.