La Quiaca: condenaron a siete años de prisión a un acusado por estafas en la venta de terrenos fiscales

El Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca logró reunir pruebas contundentes en una causa por fraude vinculada a la venta irregular de terrenos fiscales. El fiscal Alberto Mendivil informó que, tras un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, se acordó un juicio abreviado que derivó en una sentencia firme de siete años de prisión efectiva contra el acusado. La investigación involucró 21 hechos de fraude y una defraudación al Estado.

El Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca obtuvo un resultado judicial de alto impacto en una causa por estafas vinculadas a la venta de terrenos fiscales. Según informó el fiscal Alberto Mendivil, el juez de control Luis Miguel Fernández homologó un acuerdo de juicio abreviado que impuso una pena de siete años de prisión efectiva a un acusado por una serie de maniobras fraudulentas cometidas en la ciudad.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por particulares damnificados y por la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Provincia, organismo que tuvo una participación activa en el expediente aportando documentación clave. De acuerdo con lo explicado por Mendivil, el acusado ofrecía terrenos fiscales a distintas víctimas, generando un engaño que llevaba a las personas a entregar dinero en efectivo o realizar transferencias bancarias.

El fiscal remarcó que los terrenos fiscales están fuera del comercio y no pueden ser vendidos por particulares. La única vía para acceder a esos lotes es cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría Territorial de Hábitat y Vivienda de la Provincia. “No es que uno quiere comprar un terreno fiscal y se lo va a vender cualquier persona particular”, advirtió Mendivil.

El trabajo investigativo fue desarrollado de manera conjunta entre el MPA y la Policía de la Provincia. Mendivil destacó especialmente la tarea de la Brigada de Investigaciones, que cumple una función menos visible que la prevención en calle, pero fundamental para el avance de las causas judiciales. También participaron en el proceso la ayudante fiscal Rosa Martínez y el ayudante fiscal Carlos Cabana.

Durante la investigación se reunieron distintas evidencias: análisis de documentación, pericias sobre sellos y firmas, allanamientos, reconocimientos de personas por parte de damnificados y otras medidas procesales. Según explicó el fiscal, la prueba fue tan contundente que la defensa del imputado acordó avanzar por la vía del juicio abreviado, ante la falta de margen para discutir la responsabilidad penal en un eventual juicio oral.

La causa involucró 21 hechos de fraude y una defraudación al Estado, con un número importante de víctimas. Algunas de ellas ya estaban en posesión de los terrenos e incluso habían iniciado construcciones, pero luego descubrieron que la tenencia precaria que tenían no era la otorgada legalmente por la Secretaría de Hábitat y Vivienda, por lo que nunca podrían acceder a la escritura registral por esa vía irregular.

Respecto a la situación de las víctimas, Mendivil aclaró que el destino administrativo de los terrenos deberá ser resuelto por el organismo provincial correspondiente. Al tratarse de bienes fiscales, será la Secretaría de Hábitat y Vivienda la que deberá definir qué ocurrirá con quienes se encuentran en posesión o iniciaron trámites vinculados a esos espacios.

El fiscal pidió a la comunidad tomar recaudos ante cualquier ofrecimiento de venta de terrenos fiscales. La recomendación fue clara: si alguien ofrece un lote de estas características, debe descartarse de plano la compra y dirigirse directamente a la Secretaría de Hábitat y Vivienda para conocer los procedimientos legales. En caso de haber sido estafado, la indicación es realizar la denuncia correspondiente.

Mendivil subrayó que la investigación se resolvió en poco tiempo, con una respuesta penal fuerte y efectiva. También señaló que una pena de siete años de prisión no es habitual en este tipo de delitos, pero que en este caso se ponderó la cantidad de hechos, la modalidad utilizada, el engaño desplegado y el perjuicio ocasionado a las víctimas y al Estado.

El caso deja una advertencia institucional para La Quiaca: los terrenos fiscales no se compran ni se venden por fuera de los canales legales. La necesidad habitacional de las familias no puede ser aprovechada por maniobras fraudulentas. Con esta sentencia, el MPA buscó marcar un precedente claro: quien estafa con bienes del Estado y vulnera la buena fe de los vecinos debe responder ante la Justicia.