La Quiaca, entre la protesta menguante y la obligación de encauzar el conflicto por vías institucionales

La última convocatoria impulsada por el espacio referenciado en Gustavo Farfán y Marcela López mostró una capacidad de movilización menor a la de febero, cuando el malestar instaladopor ese sector por tasas y tarifas había reunido a muchos más vecinos. En ese nuevo contexto, el dato político parece claro: cuando baja la consigna de impacto inmediato, la calle deja de acompañar con la misma intensidad. Y eso obliga a volver a una verdad básica de la democracia: los conflictos de representación y control deben resolverse en los órganos constituidos, no en una escalada permanente de presión sobre la comunidad.

La Quiaca, 18 de marzo del 2026 // La Quiaca atraviesa desde hace meses una tensión política que ya dejó de ser una novedad y empieza a mostrar síntomas de desgaste. La movilización más reciente vinculada al espacio de Gustavo Farfán y Marcela López tuvo una repercusión visiblemente menor que la registrada los primeros días de febrero, cuando el debate por tributos y moratorias había conseguido instalar con más fuerza una consigna pública. El contraste sugiere un dato central: no toda convocatoria conserva el mismo poder de interpelación cuando pierde impacto concreto sobre la vida cotidiana.

Ese enfriamiento político no significa que el conflicto haya desaparecido. Lo que sigue abierto es la disputa institucional por la asunción de los concejales electos Gustavo Farfán y Marcela López, elegidos en 2025 por el Movimiento Único Independiente. Ambos no pudieron jurar en diciembre por una decisión del Concejo Deliberante basada en la figura de “inhabilidad moral”, mientras luego se judicializó la controversia. También fue informado que la jueza María Eugenia Nieva, de la Suprema Corte provincial, hizo lugar a una cautelar y ordenó la incorporación de Marcela López. Pero dicha incorporación no es automática, estamos hablando de otro poder -el legislativo- que mientras haya grises puede interponer su propio protocolo de revisión hasta dar la venia para la asunción, si así lo estiman o ante una ratificación de la justicia.

Frente a ese cuadro, la conclusión más sensata no parece ser la agitación permanente de la calle, sino la necesidad de encauzar el diferendo en los ámbitos que la democracia prevé para eso.

En esa clave, también se fortalece una lectura política favorable a la estabilidad del municipio y del Concejo Deliberante: la ciudadanía quiaqueña no parece dispuesta a quedar atrapada indefinidamente en un clima de confrontación sin resultados concretos. La menor convocatoria reciente puede leerse como una señal de fatiga ante consignas que no logran traducirse en soluciones. Y cuando eso ocurre, gana valor la actitud de una comunidad que, más allá de sus diferencias, reconoce que los cambios duraderos se procesan en la institucionalidad.

Por eso, el verdadero desafío de La Quiaca no es medir quién grita más fuerte. El desafío es otro: preservar la gobernabilidad, respetar el mandato popular y resolver las controversias pendientes con seriedad jurídica y política. Si Gustavo Farfán y Marcela López deben asumir, que lo hagan por las vías correspondientes y con el procedimiento completo. Si existen observaciones de fondo, que se diriman con la misma seriedad. Pero convertir a los vecinos en combustible de una tensión interminable no parece, a esta altura, el camino más recomendable.

Y en La Quiaca, donde el conflicto ya mostró suficiente desgaste, la salida más madura no parece estar en una nueva pulseada de movilización, sino en dejar que hablen el derecho, el Concejo y el debido proceso.