Vacancia en el Concejo Deliberante de La Quiaca: la justicia aún no define quién reemplazará a María Laime

La banca vacante que dejó la recordada concejala María Laime, tras su lamentable fallecimiento, continúa sin definición en el Concejo Deliberante de La Quiaca. A más de un año del deceso, la silla sigue vacía y el conflicto legal sobre su reemplazo aún no ha sido resuelto por la Justicia provincial. El caso ha encendido un debate jurídico, político e institucional que mantiene en vilo a la comunidad.

El asesor legal del Concejo Deliberante, Dr. Omar Cabrera, explicó en diálogo con este medio que el conflicto se originó cuando dos personas se presentaron como legítimos herederos políticos de la banca: por un lado, Rosalinda Ancasi, aduciendo el principio de paridad de género y continuidad de representación femenina; por otro lado, el señor Elvio Paredes, quien presentó un certificado que lo acredita como primer suplente en orden de lista.

“Ambos contaban con certificados del Tribunal Electoral que los habilitaban. Ante esta situación, y dada la trascendencia institucional que implica definir una banca electa por el voto popular, se optó por presentar una acción de certeza ante la Suprema Corte de Justicia”, detalló Cabrera. Este tipo de acción judicial busca que un juez determine con claridad y de forma definitiva a quién le corresponde asumir.

La decisión de judicializar el caso también respondió a la falta de consenso interno en el Concejo, donde las posiciones estaban divididas, y a la necesidad de no vulnerar derechos constitucionales ni electorales. “La justicia está actuando, pero el expediente es complejo. Asumir una posición sin respaldo legal podría dejar un flanco abierto para futuras impugnaciones”, advirtió el letrado.

El tema de la paridad de género es otro de los puntos neurálgicos del conflicto. Ancasi reclama el cumplimiento de la normativa que exige mantener la equidad de género en los cuerpos legislativos, argumento que cobra fuerza tras la pérdida de una concejala mujer. Sin embargo, la otra parte sostiene que el orden de suplencia es el que debe primar.

A este conflicto institucional se suma el caso del concejal Gorena, quien enfrenta un proceso judicial en curso. Cabrera confirmó que la causa se encuentra en etapa de procesamiento, lo cual implica que la investigación se ha cerrado y que será elevada a juicio. “Es facultad del edil decidir si renuncia o no a su banca. Nadie está obligado a permanecer en el cargo si así no lo desea”, subrayó.

Mientras tanto, la ciudadanía de La Quiaca sigue esperando una definición que devuelva la normalidad al cuerpo deliberativo. La ausencia de una banca afecta no sólo el equilibrio político sino también la representatividad democrática.

“Confiamos en que pronto se expedirá la justicia. Lo importante es que quien asuma lo haga con plena legalidad y legitimidad. El Concejo está preparado para tomar juramento en cuanto se reciba la notificación oficial del fallo”, concluyó Cabrera.