Tras más de tres semanas de acampe en resguardo de un predio que los vecinos consideran público, el Barrio Centro recibió el apoyo de presidentes barriales y referentes vecinales. En paralelo, piden mediación formal para encauzar el conflicto con el concejal electo Gustavo Farfán, quien alega ser propietario del terreno.
El dato político-comunitario.
En una reunión vespertina realizada ayer en el lugar, representantes de distintos centros vecinales expresaron su adhesión al reclamo del Barrio Centro y coincidieron en la necesidad de garantizar la paz social mientras se clarifica la situación dominial por las vías institucionales.
La posición del Barrio Centro.
El presidente barrial, Raúl López Monzón, confirmó que la permanencia continuará “hasta que exista una solución concreta”. Señaló que los vecinos rechazan la supuesta titularidad privada por considerar que la compra sería apócrifa y remarcan el carácter público del predio. “Esperamos que la otra parte acepte una mediación para alcanzar una salida pacífica y transparente”, sostuvo.

El punto de conflicto.
De acuerdo con el relato vecinal, el concejal electo Gustavo Farfán se proclama dueño del terreno; el barrio, en cambio, plantea que el uso comunitario del espacio debe preservarse y que cualquier definición debe surgir de expedientes y dictámenes oficiales (catastro, dominio, ordenanzas vigentes).
Qué se pide ahora.
- Mesa de mediación con participación de Municipalidad, Concejo Deliberante y áreas técnicas (Catastro, Tierras).
- Acceso a la documentación: publicación de todo antecedente dominial para auditoría ciudadana.
- Compromiso de no violencia y continuidad de la vida barrial mientras se tramita la resolución.
Mirada de fondo.
Los centros vecinales advierten que el caso puede sentar precedente para ordenar futuros conflictos de tierra: publicidad de actos, trazabilidad documental y criterios claros sobre el destino de los espacios de uso social.
Próximo paso.
El Barrio Centro mantendrá el acampe y convocará a nuevas reuniones abiertas, a la espera de que se formalice la mediación y se definan plazos administrativos para una resolución definitiva.
