En la jornada de audiencias vecinales de los días miércoles, la organización SOS Patitas Frías mantuvo un encuentro clave con el intendente de La Quiaca y funcionarios municipales, en el que volvieron a plantear la necesidad de contar con una nueva ordenanza que brinde un marco legal claro a la problemática de los perros sueltos, el maltrato animal y la responsabilidad de los dueños.
Carina Baleriano, referente de la entidad, explicó que venían esperando este espacio institucional “desde hace rato” para poder reactivar el expediente. “Necesitamos una norma que respalde no solo a los animales, sino también al vecino que convive con perros agresivos, territoriales o en situación de abandono en la calle”, señaló.
Del encuentro surgió un compromiso concreto: conformar una mesa de trabajo técnica entre el municipio, SOS Patitas Frías y profesionales del derecho para reformular y actualizar la ordenanza vigente. Según transmitió Baleriano, el propio intendente instruyó a las áreas legales para que el texto definitivo tenga su marco formal y pueda ser tratado antes de fin de año.
La activista remarcó que la ordenanza deberá articular tres pilares: protección de los animales, herramientas claras para que los vecinos sepan dónde denunciar casos de maltrato, y respaldo al voluntariado que hace años sostiene campañas de rescate y concientización. “El voluntario necesita respirar, no podemos seguir con la ciudad llena de animales abandonados. El vecino, cuando ve maltrato, tiene que saber a dónde recurrir y qué respuesta esperar”, subrayó.
Baleriano también enfatizó que el trabajo articulado con SONOCY es decisivo: “Si SONOCY deja de castrar, volvemos a cero. Por eso la nueva norma tiene que asegurar continuidad en las campañas de esterilización y educación responsable”.

Otro punto central de la audiencia fue el pedido formal de un lote donde construir un espacio de contención. La referente aclaró que no se trata de un “depósito de animales”, sino de un centro transitorio para alojar perros luego de las castraciones y en situaciones especiales. “Queremos un lugar para contener, no para tirar animales. El objetivo es que la comunidad asuma la tenencia responsable, que entienda que no puede sacar al perro a la calle y desentenderse”, explicó.
La organización propuso además sumar a la abogada Dafne Rodríguez, referente del Instituto de Derecho Animal (IDA), quien ya ha colaborado con otros municipios en la redacción de normativas específicas de bienestar animal. La intención es que la nueva ordenanza de La Quiaca surja de un trabajo profesional, ajustado a derecho y adaptado a las necesidades locales.
“Lo que más nos preocupaba era que todo quedara estancado, que haya mora en algo que nos debe respaldar como voluntarios, que proteja al animalito y también al vecino”, concluyó Baleriano, al tiempo que anticipó que en los próximos días lanzarán una convocatoria pública para identificar posibles terrenos donde instalar el futuro centro de contención.
La audiencia dejó un mensaje claro: la protección animal en La Quiaca empieza a tener respuesta institucional, y la comunidad organizada no piensa soltar la agenda hasta ver aprobada una ordenanza moderna, efectiva y respetuosa de todos los actores involucrados.
