En un contexto socioeconómico crítico como el que atraviesa Jujuy, una de las provincias más empobrecidas de Argentina, el dirigente Santiago Seillant, secretario adjunto del SEOM, expresó severas críticas hacia la reciente creación del Servicio Provincial de Salud (SEPROSA), promovida por el oficialismo. En particular, Seillant respondió con contundencia a las declaraciones de la diputada Cinthia Alvarado, quien justificó la medida bajo la premisa de que “el que pueda pagar, que lo haga, y el que no seguirá recibiendo atención gratuita, pero con calidad”. Según el dirigente, esta afirmación no solo es engañosa, sino que oculta un modelo profundamente excluyente y desigual.
Un modelo diseñado para excluir
Seillant cuestionó la aplicación práctica de la gratuidad que promete el SEPROSA para quienes no puedan pagar. Según él, la ley establece que solo estarán exentos aquellos cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos, lo que actualmente equivale a $520.000. “Esto es un problema gravísimo, especialmente para los trabajadores no registrados, como changarines, vendedores ambulantes o feriantes. ¿Cómo va a demostrar una persona que no tiene recibo de sueldo ni está registrada que cobra menos de ese monto?”, planteó.
La burocracia que requerirá la implementación de este sistema, según Seillant, degrada aún más a los sectores vulnerables, obligándolos a registrarse como indigentes o a demostrar una situación económica que no pueden certificar formalmente. Esta falta de mecanismos claros y accesibles no solo complica la operatividad del sistema, sino que también pone en riesgo el acceso a la salud de miles de jujeños.
“La calidad no está garantizada”
Uno de los argumentos centrales de la diputada Alvarado fue la promesa de que quienes no paguen recibirán atención gratuita y de calidad. Sin embargo, Seillant desmintió esta afirmación, señalando el estado crítico del sistema de salud público en Jujuy. “El sistema está destrozado, desfinanciado, y cada vez más médicos abandonan el sector público. No hay recursos, no hay insumos, y pretenden hacernos creer que la calidad está garantizada. Es falso”, enfatizó.
Este punto resulta particularmente alarmante en un contexto en el que los hospitales públicos se han convertido en el último refugio para aquellos que no pueden acceder a servicios privados. Sin embargo, lejos de fortalecerse, el sistema parece encaminarse hacia una privatización encubierta.
Un seguro inalcanzable para los sectores populares
El dirigente también criticó el esquema de costos del SEPROSA, calificándolo como un “robo legalizado”. Actualmente, la cuota mínima es de $50.000, equivalente al 10% de un salario mínimo. Según Seillant, esta cifra es la misma que pagan los funcionarios que perciben sueldos de bolsillo superiores a $2 millones. “Es una locura pretender que un feriante, un vendedor ambulante o un changarín paguen la misma cuota que un funcionario. No hay argumentos válidos para justificar esta medida”, afirmó.
Además, advirtió sobre el carácter variable de la cuota, que está atada al valor de la consulta médica. Si este aumenta, el costo del seguro también lo hará. “Hoy son $50.000, pero mañana pueden ser $75.000 o más. Esto no solo es injusto, sino insostenible para las familias que apenas sobreviven día a día”, agregó.
Un ataque a la salud pública como derecho
Seillant destacó que la implementación del SEPROSA viola garantías constitucionales, como el acceso universal y gratuito a la salud pública. “Quieren convertir un derecho en un privilegio, cobrando cifras exorbitantes por algo que debería ser gratuito. Es un retroceso gravísimo”, sostuvo.
Para ilustrar esta desigualdad, el dirigente trazó una comparación clara: “Es como si alguien que gana $2 millones y alguien que apenas sobrevive tuvieran que pagar la misma tarifa de colectivo. ¿Quién está realmente en condiciones de hacerlo?”.
La burocracia como barrera
Otro aspecto señalado fue la carga burocrática que el sistema impondrá sobre los sectores informales. Para quienes no puedan demostrar sus ingresos, el proceso será prácticamente imposible. “Sin recibo de sueldo, sin registro formal, ¿cómo comprobás lo que ganás? El resultado será que estas personas se rindan y terminen pagando un seguro que no pueden afrontar. Es una estrategia para forzar el pago en lugar de garantizar derechos”, afirmó.
Un modelo que aumenta la desigualdad
Para Santiago Seillant, el SEPROSA representa un modelo injusto, excluyente y diseñado para beneficiar a los sectores más acomodados a costa de los más vulnerables. En una provincia marcada por la pobreza y la informalidad laboral, medidas como esta solo agravan las desigualdades existentes. “La salud no puede ser un negocio ni un privilegio. Es un derecho, y como tal, debemos defenderlo”, concluyó.
Con estas declaraciones, el dirigente invita a reflexionar sobre el impacto de políticas que, bajo el pretexto de la equidad, terminan dejando atrás a quienes más necesitan el apoyo del Estado.
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