La crisis social volvió a sentirse con fuerza en La Quiaca. El Polo Obrero realizó un cartelazo en el marco de una jornada nacional de lucha contra la baja de planes sociales y asistencias vinculadas a capacitaciones. Desde la organización, Alejandra Martínez, delegada local, advirtió que no hay certezas reales de continuidad y alertó que las bajas podrían ser definitivas. En una ciudad donde cada asistencia mueve consumo, sostiene hogares y amortigua la emergencia, la pérdida de cientos de beneficios ya empieza a impactar de lleno en la calle.
La Quiaca, 31 de marzo del 2026 // La Quiaca no quedó al margen de la avanzada nacional sobre los programas de asistencia social. En el marco de una jornada nacional de lucha, el Polo Obrero visibilizó en la ciudad el reclamo por la baja de planes y recursos destinados a capacitaciones, una decisión que, según denuncian desde la organización, agrava todavía más la situación de muchas familias que ya viven al límite.
La delegada del Polo Obrero en La Quiaca, Alejandra Martínez, fue tajante al describir el escenario: “No hay capacitación”, afirmó, cuestionando el recorte y poniendo en duda la versión oficial de que algunos pagos podrían sostenerse transitoriamente. Desde la organización sostienen que, en los hechos, la baja será definitiva, por lo que convocan a todas las organizaciones sociales y a los sectores afectados a sumarse en defensa de un recurso que consideran indispensable en un contexto crítico.
La preocupación no es abstracta. Hace poco, el Gobierno nacional anunció la supresión de 900.000 planes sociales en todo el país, una medida de enorme escala que en ciudades de frontera y economía frágil como La Quiaca produce un efecto inmediato. Solo en el universo del Polo Obrero, la quita impactaría sobre 150 beneficiarios locales. Pero el alcance real sería mucho mayor si se suman otras organizaciones sociales, además de jóvenes y adultos que gestionaban de manera independiente programas de asistencia atados a procesos de capacitación.

Allí está uno de los puntos más sensibles del reclamo. No se trata solamente de una discusión administrativa sobre altas y bajas. En La Quiaca, cada programa que desaparece significa menos dinero circulando en los barrios, menos consumo en comercios de cercanía, menos capacidad de sostener alimentos, transporte, útiles o pequeños gastos cotidianos. En otras palabras, la poda nacional también se traduce en una merma de circulante que enfría todavía más una economía local ya castigada.

Desde el Polo Obrero advierten además que el golpe es doble: por un lado se pierden ingresos, y por otro se vacían los espacios de capacitación que podían representar una expectativa de formación y salida laboral. La organización cuestiona que se hable de capacitación cuando en la práctica los beneficiarios observan que las propuestas se caen, se frenan o directamente desaparecen. En ese marco, el reclamo no se limita a la continuidad del pago: también apunta a defender la idea de que las asistencias deben estar acompañadas por herramientas reales para la inserción social y laboral.
Por eso, anunciaron una marcha pacífica para el día 7, con el objetivo de exigir la continuidad de las asistencias y visibilizar el impacto concreto que estas bajas ya están teniendo en la ciudad. La convocatoria busca sumar no solo a quienes forman parte del Polo Obrero, sino también a otras organizaciones y a todos los sectores que entienden que, en medio de la crisis, quitar recursos básicos no ordena la economía: la rompe más abajo, donde menos margen existe.
El cartelazo de La Quiaca se inscribe así en un conflicto nacional, pero con consecuencias bien locales. Porque detrás de cada baja no hay solo una planilla: hay familias, changas que no aparecen, capacitaciones que no arrancan, comercios que venden menos y una ciudad que siente cómo se achica el dinero en circulación. En una frontera donde la economía popular cumple un papel decisivo, el ajuste no baja en abstracto: pega en la mesa, en el bolsillo y en la calle.
