La Quiaca: el municipio intervendrá en el conflicto de 96 familias del barrio Ruta 40 por terrenos y servicios básicos

La Municipalidad de La Quiaca intervendrá en el conflicto que afecta a 96 familias del barrio Ruta 40. Los vecinos reclaman regularización del loteo y acceso a servicios básicos, mientras la presidenta barrial, Elba Flores, aseguró que algunos propietarios ya pagaron hasta tres veces el valor de sus terrenos. El miércoles 26 habrá una reunión clave con el propietario y su equipo técnico.

Un conflicto que afecta a 96 familias del barrio Ruta 40 llegó al despacho municipal de La Quiaca y abrió una instancia de intervención directa por parte de la comuna. La presidenta barrial, Elba Flores, expuso ante el intendente Dante Velázquez la situación que mantienen los vecinos con el propietario de los terrenos, en medio de reclamos por la regularización del loteo y la imposibilidad de avanzar con servicios básicos como agua, energía y apertura de calles.

Según explicó el intendente, el loteo pertenece al señor Rodríguez y se encuentra atravesado, además, por una disputa legal con la comunidad de Ojo de Agua. Velázquez aclaró que existe una medida cautelar vinculada a una parte del predio, aunque sostuvo que el municipio solicitó informes a Inmuebles y al área legal para determinar con precisión qué sectores pueden avanzar administrativamente. En ese marco, confirmó que se comunicó con los técnicos del propietario y que quedó comprometida una reunión para el miércoles 26 en la Municipalidad de La Quiaca, con participación de vecinos, autoridades barriales y representantes del titular del predio.

La preocupación central está en las condiciones en las que fueron comercializados los lotes. Elba Flores señaló que los vecinos ya pagaron hasta tres veces el valor del terreno y que, pese a ello, todavía no obtuvieron respuestas suficientes para completar trámites fundamentales. “Lo que nos falta es la presentación en Inmuebles del plano de loteo”, explicó, y remarcó que la falta de voluntad o de gestión del propietario terminó empujando a las familias a buscar asistencia del municipio y de organismos provinciales.

El problema dejó de ser solamente dominial y ya afecta de manera concreta la vida cotidiana. Hay familias viviendo en el lugar que necesitan acceso al agua, energía eléctrica y otros servicios esenciales. Los propios vecinos realizaron gestiones ante EJESA, Agua Potable y SUSEPU, pero los expedientes encuentran límites mientras no se regularice la situación documental del loteo. Velázquez sostuvo que el municipio no puede “mirar para otro lado” frente a familias que compraron terrenos y ahora encuentran obstáculos para acceder a condiciones básicas de habitabilidad.

La intervención municipal buscará generar una instancia de acuerdo y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de la normativa vigente. El intendente fue enfático al señalar que quienes comercializan lotes deben respetar la Ley de Loteos, garantizar las obligaciones correspondientes y facilitar el acceso a la infraestructura necesaria. También advirtió que, si esto no ocurre, los vecinos pueden terminar siendo perjudicados o incluso estafados. Por eso, el objetivo de la reunión será establecer responsabilidades concretas y determinar qué documentación falta para poder destrabar los servicios y el desarrollo urbano del barrio.

Velázquez aprovechó además el caso para insistir en una demanda más amplia: la descentralización de organismos provinciales hacia La Quiaca. Informó que mantuvo contacto con autoridades de SUSEPU para solicitar presencia territorial, no sólo por este conflicto, sino también por otros trámites que obligan a los vecinos a viajar hasta San Salvador de Jujuy, con costos elevados y sin garantías de ser atendidos. Según señaló, el gobernador Carlos Sadir comparte la necesidad de acercar las áreas gubernamentales al interior para agilizar gestiones y evitar demoras innecesarias.

La reunión del miércoles será, entonces, un punto clave para las 96 familias del barrio Ruta 40. Los vecinos esperan una respuesta concreta del propietario y un camino administrativo que les permita avanzar con la regularización y los servicios básicos. Para la ciudad, el caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: no alcanza con vender terrenos; urbanizar también implica garantizar derechos, infraestructura y seguridad jurídica para quienes deciden construir allí su hogar.